El Gobierno del presidente Iván Duque radicó la tan esperada Reforma Social y Fiscal, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar $23,4 billones; lo que representa cerca del 2% del PIB.
Esta columna, la primera de varias que haré para analizar algunos de las propuestas que contiene este proyecto de ley que debatiremos en las Comisiones Económicas del Congreso, quiero dedicarla a hacer un análisis de las propuestas sociales planteadas, porque ellas surgen en medio de una escenario económico adverso sin precedentes, como consecuencia de los efectos devastadores que nos ha dejado la pandemia por el covid-19, así como por el paso del huracán IOTA en las islas de San Andrés, emergencia que causó la destrucción del 98% de Providencia, afectando la calidad de vida de más de 6.000 personas. Entonces, discutir si la Reforma Social y Fiscal debía o no realizarse, es egoísta y miope ante la necesidad urgente de recursos para garantizar la continuidad de las ayudas económicas para los hogares más vulnerables; para generar empleo a jóvenes y mujeres, quienes tienen la tasa más alta de desempleo, así como para recuperar la senda de crecimiento y sostenibilidad económica y fiscal del país.
Equidad social y tributaria, menor evasión y austeridad burocrática están presentes en esta iniciativa. Los 163 artículos abarcan aspectos relacionadas con la regla fiscal y medidas de gasto social enfocadas en la promoción y conservación del empleo y el apoyo a los hogares más vulnerables y, por supuesto, los mecanismos tributarios y fiscales para financiar dicho gasto, que contemplan: ampliación de la base de contribuyentes, eliminación de cerca de 40 beneficios tributarios, impuestos solidarios temporales e impuestos verdes, entre otros.
En esta oportunidad me referiré a las medidas sociales planteadas en el proyecto de ley y de las cuales poco se habla; especialmente aquellas enfocadas en la generación, promoción y conservación del empleo formal, y la permanencia del Programa Ingreso Solidario, el cual ha beneficiado a 3.4 millones de colombianos en condición de vulnerabilidad que no recibían ninguna transferencia a través de los programas de transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor.
Primero, aplaudo la decisión del Gobierno Nacional de establecer como política permanente el Programa de Ingreso Solidario, como una renta básica para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. El programa de Ingreso Solidario, creado en el marco de la pandemia del Covid-19 en abril de 2020, para contrarrestar el choque negativo en los ingresos de los hogares más vulnerables, ha sido ejemplo de éxito en focalización y eficiencia, considerando que su puesta en marcha tomó menos de tres semanas en su estructuración y puesta en marcha, con una focalización acertada, donde el 40,6% de los beneficiarios están en condición de pobreza extrema, 36,1% en condición de pobreza y el 23,1% en condiciones de vulnerabilidad. Sin duda alguna, estos recursos se han convertido en una fuente de contención para el incremento de la incidencia de la pobreza, ya que la medida ha mitigado en un 40% su aumento, el cual se estima pudo haber crecido 8.4 p.p como consecuencia de la pandemia. Ahora, según lo planteado por el gobierno, se espera que este programa social contribuya a reducir 5.8 p.p la incidencia de pobreza extrema, y disminuya 2.3 puntos el coeficiente de Gini. De ser acertadas las estimaciones sería un gran avance en equidad y bienestar social.
El segundo aspecto que quiero abordar, y que ha sido motivo de gran preocupación, es garantizar a nuestros jóvenes el acceso a la educación superior, con el fin de promover su incorporación en el mercado laboral formal; un desafío que se incrementó con la pandemia. Nuestros jóvenes son los más afectados por la emergencia sanitaria, con una tasa de desempleo de 22,5%, casi 6.6 p.p por encima de la tasa nacional de desempleo, así como por la incapacidad de muchos para continuar con sus estudios por la afectación de ingresos en el hogar; lo que exige medidas efectivas tanto para su acceso a la educación superior como para su vinculación laboral. En este sentido, la Ley de Solidaridad Sostenible contempla dos medidas fundamentales: 1) Promoción del acceso a la educación superior, estableciendo como política de Estado el programa de Generación E que beneficia a 336.000 jóvenes y la destinación de recursos para garantizar gratuidad en la matricula, parcial o total, a estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, y 2) incentivos a la creación de nuevos empleos para las empresas que vinculen de manera formal jóvenes menores de 28 años, siendo el Gobierno Nacional el que asuma el costo de la seguridad social durante cinco años. Este último beneficio no solo cobijará a jóvenes, también a las personas en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años, aprendices del SENA y adultos mayores no pensionados.
También celebro la propuesta de extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF- hasta junio del 2021, dado que ha protegido a cerca de cuatro millones de empleos y beneficiado especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, considerando que el 97,3% de los empleadores beneficiados están en este grupo. El PAEF se ha convertido en una fuente esencial para la conservación del empleo de menos de 2 salarios mínimos con el subsidio del 40% a la nómina y la protección de las empresas, después de un año difícil como el 2020 que nos dejó la pérdida de 509.370 pequeños negocios.
Finalmente, es bueno recordar el golpe que han sufrido las finanzas públicas como consecuencia de los esfuerzos del gobierno para atender los tres frentes de la pandemia: medidas en el tema de prevención del virus y de atención en salud; apoyos a la población en pobreza y vulnerabilidad, y para preservar empleos y empresas. El déficit fiscal en 2020 ascendió a 7,8% del PIB ($77.7 billones) y para 2021, se espera llegue a un 8,6% del PIB ($94.6 billones). Cifra 3.5 veces superior a lo previsto en las cuentas financieras del país. Ello implica una necesidad de financiamiento 22% superior al del 2020. Lo anterior, sumado a la contracción de 6,8% que vivió la economía en 2020 y las continuas olas de contagio del covid-19, lo que acentúa más la necesidad de recursos.
Ahora bien, la discusión se centrará en cuáles serán los mecanismos más efectivos y equitativos para garantizar los ingresos necesarios para continuar apoyando a los más vulnerables y recuperar las finanzas públicas, sin afectar a la clase media del país; por lo que al final la reforma aprobada por el Congreso deberá cumplir con principios fundamentales como: equidad, solidaridad, austeridad y lucha contra la evasión. Haremos un trabajo de análisis y discusión objetivos.
