Hay que destacar que el sistema tributario colombiano tiene cinco características que deben ser corregidas:
1. Es muy complejo y confuso y exige mucho tiempo y recursos para que las personas naturales y jurídicas puedan responder a sus exigencias;
2. Recauda mucho menos de lo que debería, alrededor del 19,4% del PIB, menos que el 23,1% del promedio regional y mucho menos que el 34,3% de la OCDE.
3. La estructura de ingresos está desbalanceada, con la mayor parte proveniente del IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios (29.4%) y en la renta de sociedades (25.5%) y muy poco en la renta de personas naturales (6%) con la circunstancia adicional de que son muy pocas las que declaran. En la OCDE los promedios son 20%, 9% y 24%. 4.
La tasa de tributación es muy alta, 54,6% con impuestos territoriales y 62,6% con parafiscales. El promedio de América Latina es el 46.6% y el mundial del 40.4%. Sin embargo, algunos sectores tienen una normativa que les permite declarar mucho menos, recargando el esfuerzo en mipymes e independientes. 5. Aunque viene disminuyendo desde 2018, la evasión es muy alta, cercana al 32%.
Por otro lado, hay que reconocer que los confinamientos ordenados para tratar de contener la propagación del Covid-19 nos ha dejado la peor crisis económica de nuestra historia, que perdimos el 6,8% de nuestro PIB en apenas 9 meses, que el desempleo se trepó al 15,9% y que hoy dos de cada cinco colombianos está en la pobreza.
Esa es la justificación fundamental de la propuesta del Gobierno, la búsqueda de recursos para responder al aumento de la pobreza, mantener programas creados con la emergencia como Ingreso Solidario y dar incentivos como la educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3.
Aquí está la primera diferencia de fondo, desde la teoría económica y desde la filosofía política. Si de lo que se trata es de superar la pobreza, lo que muestran la historia y la mirada a los países que han conseguido ese objetivo es que el camino correcto no es el de los subsidios y el asistencialismo sino el de la apuesta por el crecimiento y la generación de empleo. Y la reforma va en contravía de esos objetivos.
Por un lado, la sola discusión sobre nuevos impuestos genera incertidumbre y frena la inversión interna y foránea, indispensable para crecer. Por el otro, más impuestos para empresas e individuos que apenas empiezan a levantar cabeza después del palazo del año pasado solo devendrá en más quiebras y más desempleo. Este no es el momento. Tercero, excepto por los recursos para el PAEF, los auxilios a la nómina, la reforma va en la línea de más subsidios. La propuesta de que el Estado asuma los aportes de seguridad social cuando se contraten jóvenes de entre 18 y 28 años muestra buena voluntad, pero al sujetarla a que la contratación sea por cinco años quedará como un canto a la bandera. Cuarto, el IVA al internet, a los combustibles, a los servicios públicos, la eliminación de la categoría de bienes exentos castigan la productividad y aumentarán el costo de vida. Quinto, extender y aumentar el impuesto al patrimonio, además de que es una prueba más de que en Colombia todos los impuestos temporales se vuelven permanentes, ataca el ahorro y es confiscatorio.
El patrimonio es el resultado del ahorro de las personas naturales y jurídicas, es lo que les queda después de pagar impuestos, y es la fuente de ingresos que a su vez generan la renta. Y los bienes patrimoniales que no producen renta pagan otros impuestos, como el predial. Sexto, más impuestos solo constituyen un incentivo perverso para la informalidad que antes de la pandemia ya era del 48,5%, porque aumenta el costo de formalización.
La reforma busca recaudar 23.4 billones, el mayor monto del que yo tenga memoria. Ocurre que ahora mismo ya están: de la venta de ISA deben entrar entre alrededor de 12.8 billones, 6.6 billones de utilidades del Banco de la República, y entre 4 y 5 billones por impuestos, transferencias y regalías del sector de hidrocarburos por mayor precio del petróleo este año, sin contar el mayor recaudo de la DIAN, que viene haciéndolo muy bien, en su lucha contra la elusión y la evasión.
En Hacienda, sin embargo, sostienen que esos ingresos no son sostenibles. Y tienen razón. Pero si vamos a hablar de recaudos permanentes entonces habría que discutir antes sobre la naturaleza y calidad del gasto público, sobre ahorro y austeridad, sobre el tamaño del Estado que aumentó considerablemente y durante este gobierno no ha disminuido en lo más mínimo, sobre el presupuesto del Estado que se duplicó entre 2010 y este año y los gastos de funcionamiento que se triplicaron, sobre la percepción ciudadana de que el gasto es ineficiente y los niveles de corrupción inmensos. Como consecuencia, las personas no tienen disposición para pagar más impuestos. Y esa discusión no se está teniendo.
