De la misma manera que imponer más impuestos a los trabajadores formales en medio de una frágil recuperación económica es un error, convocar un paro -que involucre aglomeraciones- en medio del tercer pico es un fallo grandísimo, que se pagará con vidas colombianas.
Las razones para protestar no faltan. Lo que falta es un mecanismo para expresar el descontento de una manera segura, que no comprometa la salud pública, cuando la ocupación de las UCI en Bogotá, Santa Marta, Cali y Medellín está por encima del 90%.
El paro del miércoles 28 de abril tan legítimo y necesario, se debería haber dado a través de movilizaciones en vehículos privados, marchas con distanciamiento social y cazerolazos, especialmente en ciudades donde la situación sanitaria es crítica.
Los altercados y aglomeraciones en la ciudad de Cali, cuya disponibilidad en UCI apenas alcanza el 8%, es la clase de riesgo que no solo el Gobierno sino el Comité del Paro debió haber evaluado de antemano en cada contexto local.
Las protestas de Cartagena de Indias fueron las más pacíficas. Aunque no todos, la mayoría de los ciudadanos portaban tapabocas y no se presentaron confrontaciones con la Fuerza Pública. El distanciamiento social, sin embargo, no fue vigilado.
El espacio para protestar debió garantizarse, aún en pandemia, pero con protocolos, cuya implementación corresponde al Gobierno, a la ciudadanía y a los convocantes del paro.
A pesar de las preocupaciones de salud y en menor medida del orden público, el mensaje de la ciudadanía es claro: hay un descontento social. La opinión pública, especialmente aquellos ciudadanos de ingreso medio-alto que ven sus finanzas amenazadas con la reforma, han caracterizado el paro como una protesta anti reforma. Pero el paro, que se comenzó a planear antes de que la reforma fuera presentada, también incluye a sectores sociales con otras preocupaciones, cuya voz, como la de los trabajadores formales de ingreso medio, mientras se discute la reforma en la Casa de Nariño, no es lo suficientemente oída.
He ahí la urgencia de crear canales de comunicación entre la ciudadanía y sus representantes. Por ahora parece haber un teléfono roto, incluso en aquellos partidos “independientes” que se opusieron a la reforma, que parecen estar pensando más en los empresarios que en la mal llamada clase media.
La inminente caída de la reforma tributaria reivindicará la importancia de la protesta social. Pero eso no es excusa para que el Comité de Paro, y el Gobierno, se laven las manos en cuanto a la responsabilidad que supone la logística de una marcha en medio de una pandemia.
