En este momento deberíamos estar todos buscando soluciones para el desempleo y la pobreza que nos dejó la pandemia. Pero la incapacidad del Gobierno para resolver el creciente deterioro del orden público obliga a insistir de nuevo en estas reflexiones.
La crisis no es por la situación socioeconómica aunque se alimenta de ella por la manipulación que hace la izquierda que la usa como excusa y justificación. Por eso aunque el Gobierno retira la tributaria, sacrifica al Ministro de Hacienda, deja hundir la reforma a la salud, anuncia educación universitaria gratuita para los estratos más vulnerables y subsidios para el empleo de los jóvenes, el paro no se levanta y continúan las protestas y los bloqueos. De hecho, en realidad la izquierda busca un deterioro aún mayor de la economía porque cree que entre más desempleados y pobres haya tendrá un terreno más fértil para su discurso de odio y resentimiento, se agudizarán las contradicciones «de clase” y su candidato populista tendrá mejores posibilidades. El Gobierno puede ofrecer el oro y el moro y no conseguirá levantar el paro. Y por eso caen en oídos sordos las quejas de los empresarios sobre el desastre económico que se está produciendo.
No cabe duda de que el daño de este paro y los bloqueos para la economía es brutal. Si en el primer trimestre salíamos de la recesión y crecíamos un 1,1%, en la primera quincena de mayo el retroceso es de 6,9%. Y si el consumo de los hogares aumentaba en marzo un 8%, en mayo caía un 12%. Todo ello sin contar los costos de la infraestructura dañada ni la caída en la confianza de los consumidores ni, seguramente lo más penoso, la pérdida de inversión nacional y extranjera por aumento del “riesgo país”. Perdemos inversores cuando deberíamos estar buscando a los que saldrán del cataclismo chileno.
Pero no habrá manera de recuperar la confianza y la inversión y reemprender la ruta del crecimiento y, por tanto, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza si el Gobierno no garantiza orden y seguridad.
Es preocupante e inaudita la pasividad del Gobierno, su confusión, su reacción tardía e insuficiente. El documento firmado por dos viceministros en Buenaventura es sintomático. Sin visión de estado, cedieron al chantaje y entregaron a los delincuentes funciones gubernamentales. La desautorización posterior del Ministro del Interior fue apenas parcial y no vino acompañada de las renuncias de los funcionarios. Mientras tanto, los ataques violentos y los bloqueos se mantienen en varias zonas del país, en particular en el suroccidente.
Lo más grave, sin embargo, es la inoperancia policial. El problema no es normativo. Contrario a lo que opinan muchos, no creo que haya necesidad de decretar la conmoción interior. Con las reglas jurídicas vigentes es posible conjurar la crisis. Pero se necesitan liderazgo y decisión clara de Presidencia, el apoyo político expreso y claro a la Policía y, sobre todo, seguridad jurídica, certeza sobre la interpretación que harán Fiscalía, Procuraduría y la justicia penal militar sobre las reglas para el uso de la fuerza, incluyendo armas de fuego. Los policías no quieren arriesgar sus carreras y, en especial, su libertad.
De manera que más que normas jurídicas excepcionales se necesita carácter y valor, amarrarse los pantalones y entender que las decisiones de usar la fuerza legítima del Estado serán siempre criticadas desde la izquierda, recibidas con desconfianza por los tibios y examinadas con sesgo por unas oeneges y organismos internacionales que las más de las veces solo ven por el ojo izquierdo. Hay que gobernar pensando en el bien de Colombia y no en lo que puedan decir en el exterior.
El paro, las protestas y los bloqueos no son de mayorías ni reflejan un sentimiento generalizado. Son de unos pocos miles, como ha quedado demostrado en las escuálidas manifestaciones de esta semana. Pero esos pocos están organizados y altamente ideologizados, cuentan con financiación non santa y una eficiente logística, hacen ruido y consiguen eco en los medios, en las redes y en los círculos políticos de apoyo y, sobre todo, le tienen medido el aceite al Gobierno y al aparato judicial. Y han ratificado, una vez más, que los políticos del “establecimiento» que querían derrocar están generosamente dispuestos a premiar, una y otra vez, a quienes tienen por único mérito usar la violencia, el matoneo y las vías de hecho como extorsión para conseguir en las calles lo que no han obtenido en las urnas. Es la ruptura sistemática del principio de igualdad frente a la ley para premiar a quien la viola en detrimento del ciudadano pacífico y juicioso que siempre la respeta. Es el socavar la democracia para dar más voz y peso políticos a quien domine la calle aunque no tenga más votos.
Las mayorías colombianas son trabajadoras, honestas y pacíficas, pero también silenciosas, pasivas, temerosas y están desarmadas y desarticuladas. Son esas mayorías las que están resistiendo de manera heroica, no los vándalos y los que bloquean. El camino no puede ser otro que el de hacer respetar la Constitución y el estado de derecho, el de defender los derechos y libertades de todos, empezando por los de quienes respetan la ley, el de combatir a los violentos y perseguir a los criminales, y el de asegurar que todos podamos trabajar sin poner en riesgo nuestras vidas, integridad y bienes. Si no empezamos por ahí, por ese mínimo, no seremos jamás una sociedad civilizada.
