Las pérdidas económicas tras un mes de paro son incalculables. El impacto de los bloqueos, el vandalismo y el cese de actividades productivas tiene en jaque la reactivación del país, sumado a los devastadores efectos en materia económica, política y social que nos dejó la pandemia del Covid-19. Una crisis sin precedentes.
Estos 37 días de paro no dejan más que pérdidas económicas, muertes, heridos, vandalismo y destrucción. Los que auspiciaron esta agitación social permanente, esos que se ufanan de hablar por los más vulnerables, pero que no son su voz, parecen haber olvidado que son precisamente ellos, esos a quienes tanto pregonan “representar”, los que están pagando las consecuencias con el encarecimiento de los alimentos, desabastecimiento de productos de la canasta familiar, falta de transporte para llegar a sus hogares, y muchos despedidos como consecuencia de la crisis en la que están sumergidas cientos de empresas que se han visto abocadas a cierres de sus actividades.
Los que se proclaman “comité del paro” olvidan que los bloqueos de vías no son un arma de protesta y que están penalizados en nuestro ordenamiento jurídico; por ello, apoyo la decisión del Gobierno Nacional de no negociar nada hasta que los bloqueos sean levantados y cese el desorden y el vandalismo. Reitero que esos que persisten en mantener la agitación social no han entendido que el gobierno del presidente Iván Duque no cederá a manipulaciones, y por ende no se arrodillará a las pretensiones, varias absurdas, a las que tienen supeditado el levantamiento de un paro que perdió legitimidad como consecuencia de la violencia y vandalismo que lo permeó.
Durante el mes de mayo, el paro ya sumaba pérdidas entre $4.8 y $6.1 billones, según estudio de Fedesarrollo; es decir, unos $203.000 millones diarios. Esto sin sumar los daños a bienes públicos y privados que podrían superar los $15 billones. Una tragedia teniendo en cuenta la necesidad apremiante de recursos para garantizar la atención de los más vulnerables, generar empleo, reactivar la economía y sostener las finanzas públicas. Es muy triste registrar que el costo de este paro, solo en mayo, es 1.5 veces superior al efecto del paro nacional camionero de 2016, según Fedesarrollo.
No podemos ser mezquinos ante la realidad que vive el país. Así como es legítimo el derecho a manifestarse, también lo es a respetar la vida, honra, integridad, seguridad, alimentación y bienestar de los ciudadanos que no salen a las calles a protestar. Derechos claramente pisoteados y burlados no solo por los vándalos y terroristas que están en las calles haciendo de las suyas, sino del “comité del paro” y de esos líderes de oposición que persisten en mantener la agitación social. Tristemente en mayo evidenciamos una reducción en el abastecimiento de alimentos cercano al 19,3%, comparado con el mismo mes de 2019, con implicaciones directas en el alza de los precios de alimentos e insumos, afectando más a los hogares de ingresos bajos. En Cali y Bogotá, dos de las ciudades con mayor afectación, el alza de los precios ya supera el 30% en algunos productos de la canasta familiar. Sólo un ejemplo, en Bogotá un plátano que valía $700 en marzo, la semana pasada costaba $2.000.
Y ni qué decir de las afectaciones en la industria, el agro y el comercio, los cuales concentran el 80% de los costos que ha dejado la protesta. Estos sectores son los que generan casi la mitad de los empleos del país, con cerca de 9.45 millones de personas contratadas, 47% del total de ocupados. El riesgo de que no se recuperen los empleos perdidos es grande, debido a la reducción en la confianza para invertir y a que muy seguramente aprovecharán algunas empresas para reconvertirse con mayor inversión en tecnología que en mano de obra. Así que estas consecuencias negativas sobre el empleo también son responsabilidad de los promotores de bloqueos, vandalismo y estigmatización de sectores productivos y de empresas.
Según Confecámaras, el 90,4% de los empresarios aseguran que, de los puestos de trabajo que tienen, entre 1 y 5 están en riesgo de perderse como consecuencia del paro. Tomemos como ejemplo a Huevos Kikes. La compañía ha registrado pérdidas superiores a los $18.000 millones, tuvieron que sacrificar a 400.000 gallinas por falta de alimento, y 2.500 empleos directos están en riesgo; situación que según la empresa, es la “peor crisis en toda su historia”. Pero así estamos, y como ellos hay muchos más. Según encuesta realizada por las Cámaras de Comercio a 12.979 empresarios, el 22,2% aseguró que tuvo que suspender su operación; mientras que el 53,4% ha operado a menos del 50% de su capacidad.
El sector privado, con empresas de todos los sectores y tamaños, representa el 90,8% de las relaciones laborales dependientes. Por esta razón, es insensato salir a exigir mejores empleos, cuando se está destruyendo el aparato productivo generador de empleo.
Los líderes del paro y la agitación social han atentado contra uno de los pilares más importantes de la democracia liberal, como es la libertad para crear empresa y desarrollar la iniciativa privada. Quieren meternos en un modelo fracasado del Estado empresario, ineficiente y corrupto, y además reproduce la pobreza monetaria y de espíritu. Es inaudito ver a los que sí aportan al crecimiento y a la generación de empleo del país desesperados y a punto de perder el esfuerzo de muchos años de trabajo.
Es imperativo levantar los bloqueos. El país no puede seguir sumido en la crisis por cuenta del vandalismo y la destrucción. La reactivación es urgente, el bolsillo de los colombianos no da más. La libre movilidad es un derecho y ningún colombiano, ni siquiera el Presidente, tiene por qué rogar o someterse ante un grupo de personas insensatas, e incluso algunas pagadas y otras drogadas según informa la comunidad, que persisten en causar sensación de desgobierno y ver el país empobrecido y diezmado anímicamente, para luego aparecer como “redentores”, cuando son ellos los responsables de este desastre. ¡No más!
