El comité impulsor de la consulta popular “no a la ley del despojo” y las organizaciones sociales y políticas, aseguraron este martes que acatan y respetan la sentencia que declara la constitucionalidad de la ley 2038 de 2020, pero señalan que las comunidades populares, sectores sociales y políticos que represan, no se ven reflejados en la estructura organizativa de la Junta Directiva que determinará el manejo de los presupuestos dirigidos a superar la pobreza extrema y la adaptación al cambio climático de Cartagena.
En un comunicado señalan que:
- Entendemos que la democracia participativa consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política nos legitima, en condición de constituyente primario, para oponernos al manejo elitista, excluyente y poco transparente que se materializa en el fondo Pro Cartagena para la superación de la pobreza extrema, pues dicho mecanismo socava la institucionalidad territorial y concentra el poder distrital en pocas personas definidas a dedo, durante un término que trasciende varios periodos de alcaldes, concejales y ediles elegidos popularmente.
- Estamos organizados y dispuestos para recoger las firmas necesarias a fin de lograr que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o NO con que sea la junta directiva consagrada en la ley 2038 de 2020 la que defina las políticas públicas tendientes a superar la pobreza extrema en Cartagena y su adaptación al cambio climático.
- Avanzamos en estas tareas en el convencimiento de que NO pueden seguir siendo las elites sociales, económicas y políticas, culpables de la catástrofe social que vive Cartagena, quienes impongan las fórmulas de salvamento, pues los hechos históricos evidencian la naturaleza depredadora de los dirigentes políticos, económicos y sociales que se escudan en dicha ley para repartirse la contratación de los macro proyectos en la ciudad.
- La ley 2038 de 2020 es legal pero NO es legítima pues el pueblo no confía en quienes la han propuesto.
