Las manifestaciones son masivas, los cacerolazos generalizados. No hacen falta saqueos ni daños a propiedades. El descontento con el modelo socio-económico y alto costo de vida está en las calles. Las noticias de abuso de poder y corrupción deslegitiman la democracia. Se exige la renuncia del Presidente, la educación gratuita, reforma a salud y pensiones. Avanzan mociones de censura contra los ministros y se pide una reforma estructural a la policía. Más que todo la bandera anti-corrupción proclama mayores penas a los corruptos y la reducción de salarios estatales. Tras echar para atrás el motivo de la marcha se intensifican mucho más. Esta cronología cuenta la historia del estallido social en Chile. El malestar de Colombia no es un fenómeno único.
Por mucho tiempo, se asumió que el crecimiento de la clase media traería estabilidad política. Recientes episodios como la Primavera Árabe o Black Lives Matter en EEUU, muestran lo contrario. Mas clase media es más educación y más exigencia de derechos. Lo optimo seria resolver estas tensiones en las urnas, ahorrarnos un año de paro. A falta de esta opción, el camino es intentar el diálogo.
Frente a su crisis, Chile supo escuchar y convertirla en una oportunidad. Está en un proceso constituyente y de reformar su policía. Eso sí, en el camino 34 muertos, 2.000 policías lesionados, 3.400 civiles hospitalizados, y más de 8.800 presos. Con daños económicos por US$3.300 millones, se perdieron cerca de 200 mil empleos. Ojalá los paros en Colombia no tengan que durar doce meses para lograr algo constructivo.
El gobierno y el comité del paro están lejos de ponerse de acuerdo. Por la reacción y el costo fiscal del pliego de peticiones esto será un arduo proceso. La petición de educación universitaria gratuita, no es un logro, el gobierno ya la había aceptado en las marchas pre-Covid. Seis semanas después del inicio de la revuelta, ni si quiera hemos empezado a conversar. El gobierno está exigiendo se levanten los bloqueos viales. El comité que el gobierno deseche ciertas herramientas constitucionales para defender la ley.
Las marchas son altamente descentralizadas, el comité del paro desde Bogotá no ejerce control y mando para levantar todos los bloqueos especialmente en zonas cocaleras. Además de ser ilegales, según CNC, 67% de los colombianos creen que los perjudican. Quiebran empresas, destruyen empleo, y sufren familias. El comité del paro puede temer que al ceder pierdan ventaja en la negociación, pero lo que les da fortaleza es la masiva convocatoria de manifestaciones pacificas. El mero pronunciamiento del comité de pedir levantar bloqueos debería ser suficiente para empezar hablar. Eso sí, manteniendo la facultad de extinción de dominio sobre actos ilegales.
El mosaico del paro tiene diferentes promotores en diferentes zonas. Siempre está el riesgo que lo más oscuro aproveche el alzamiento. Grave que la red de narcotráfico “La inmaculada” haya utilizado el paro para quemar pruebas contra sus miembros en el palacio de justicia de Tuluá. No esta bien que justos paguen por pecadores, la protesta social es legítima y no puede ser manipulada. Las marchas no ocurren porque todo esta bien. Pronto deberíamos empezar a caminar hacia la solución. Por lo menos, qué todo esto sirva para algo.
