El sistema educativo colombiano, fuertemente afectado en su funcionamiento por los efectos de la pandemia; no solo en cuanto a suspensión de actividades presenciales, sino afectación financiera para su sostenimiento. En Colombia tenemos un sistema de educación superior mixto, ofrecido por el Estado y particulares; es decir, público y privado.
Actualmente, en el sistema de educación superior, se encuentran matriculados 2.408.041 estudiantes; distribuidos de la siguiente manera: 2.234.962 en pregrado y 173.079 en posgrados.
El sistema público pregrado tiene una matrícula de 1.150.591 estudiantes; de los cuales, 615.168 pertenecen a las 32 universidades públicas que constituyen el Sistema Universitario Estatal, y 535.434 pertenecientes a las instituciones técnicas y tecnológicas públicas ITTU.
En las universidades privadas encontramos matrículas de pregrado representada en 1.084.371 estudiantes. Estas cifras son bastante dicientes en materia de cobertura. Cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, y el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso; un drama social que requiere de una política pública estatal que garantice el derecho fundamental a la educación.
Esta situación golpea la educación superior. En el caso del Sistema Universitario Estatal, se ha propuesto en los últimos años la construcción de una política de gratuidad para estudiantes de estratos 1, 2 Y 3 en condiciones de vulnerabilidad; teniendo en cuenta que el 70.9% de sus estudiantes pertenecen al estrato 1 y 2; el Gobierno nacional para enfrentar la crisis generada por la pandemia, dispuso de 97 mil millones de pesos para subsidio de matrículas para estudiantes de estrato 1 y 2 de las IES públicas, sumado al esfuerzo de la institucionalidad regional; alcaldías y gobernaciones para apoyo en subsidio de matrícula a estudiantes de universidades públicas de su jurisdicción; lo anterior, permitió que durante los últimos 2 semestres se garantizara gratuidad de la matricula.
La gratuidad de la matricula garantizada por el gobierno nacional para el II semestre académico del 2021 y todo el año 2022; es un avance importante, para alcanzar la gratuidad de la educación superior publica; aun falta continuar en este propósito; que significa hacer de la educación superior un derecho fundamental garantizado por el estado. Además, el impacto financiero del covid-19, en la universidad publica es notorio y profundiza el desfinanciamiento de las misma; teniendo en cuenta que 48% de ingresos con que funcionan las universidades públicas, son propios; es decir, deben generarlos. Esa cifra corresponde a 3.5 billones de pesos al año; de los cuales, 1.1 billón corresponde a matrículas. Distribuidas de la siguiente manera: 847 mil millones para matrícula de pregrado, y 260 mil millones matrícula de posgrado; el resto de los ingresos propios corresponde a venta de servicios, recursos de capital, créditos, estampillas y otros; afectados por la crisis.
Esta situación requiere la intervención del Estado; desde el nivel central hasta el regional; es importante hacer de la gratuidad de la matricula una política de estado que permita la permanencia de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y con ello, garantizar su proceso de formación profesional. La matricula cero, se convierte en un aporte y apoyo social del gobierno a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, al igual que sus familias.
En conclusión, es imperativo convertir la gratuidad de la matricula en política publica; es decir, un modelo permanente en el tiempo. En este contexto, es necesario continuar el debate de la gratuidad en la educación superior pública.
