Ya está sobre la mesa la nueva propuesta social y fiscal que radicará el gobierno del presidente Iván Duque este 20 de julio en el Congreso de la República. Sin duda será uno de los proyectos de ley más importantes que debatiremos en el Legislativo; una responsabilidad sin precedentes, teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que se encuentra inmerso nuestro país. Por esta razón, el compromiso como congresista deberá materializarse en aprobar una reforma social focalizada en garantizar la atención de los más vulnerables, promover la generación de empleo y afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Es una oportunidad para que en el Congreso todos los partidos y movimientos políticos trabajemos en torno a esta iniciativa que permita extender el programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, y su ampliación al menos a 3.5 millones de hogares; gratuidad en la matrícula de la educación superior técnica, tecnológica o universitaria oficial para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 con lo cual se beneficiarán 695.000 jóvenes; apoyar con el 25% de un salario mínimo a las empresas que vinculen formalmente a jóvenes menores de 28 años, beneficiando a 188.000 jóvenes, y extender el programa PAEF hasta diciembre 2021 con el subsidio de 40% de un salario mínimo y del 50% si es mujer, para las empresas, en especial las Mipymes, con el fin de preservar los empleos y ayudarlas con el costo de su nómina, entre otros programas.
Colombia, como el mundo, vivió en 2020, y aún continúan sus efectos, tres choques con fuertes afectaciones económicas y sociales: la pandemia por el covid-19, la caída abrupta de los precios del petróleo (72% para el caso del Brent), y la reducción en el crecimiento de la economía de nuestros socios comerciales. Todo ello contrajo el PIB del país en 6,8% el año pasado, generó un 15,6% de desempleo, siendo superior en jóvenes y mujeres, y acentuó la pobreza monetaria alcanzando el 42,5% y la pobreza extrema el 15,1%. En este primer semestre de 2021 la recuperación ha sido muy baja aún, afectada además por la agitación social y los bloqueos durante los últimos dos meses.
Es importante señalar que la reforma social es el producto de un gran consenso liderado por el Ministerio de Hacienda y que contó con la participación de jóvenes, líderes sociales, personas en condición de vulnerabilidad, empresarios y autoridades locales, entre otros actores, que contribuyeron de manera constructiva a debatir y enriquecer el articulado que será estudiado próximamente por el Congreso de la República.
Ahora bien, una de las preguntas que surgen en medio de la discusión de una reforma social y fiscal es cuáles son las fuentes de financiamiento que permitirán el cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional, en este caso, en términos de gasto social, reactivación económica y saneamiento de las finanzas públicas. Aquí es importante decir que esta iniciativa busca recaudar $15.2 billones, de los cuales, el 40% saldrá de medidas de austeridad en los gastos del gobierno por cerca de $1.9 billones, más lucha contra la evasión tributaria de cerca de $2.7 billones, y revisión de otros gastos; y el 60% restante se obtendrá del incremento de la tarifa de renta para personas jurídicas que pasa de 32% a 35%, una sobretasa de tres puntos porcentuales para todo el sector financiero, y de mantener en 50% y no en el 100% el descuento del ICA del impuesto de renta. No se amplia la base de contribuyentes de personas naturales. Importante reiterar que no se afecta la clase media, no se tocan las pensiones y no se modifica nada del IVA.
Acompañaré esta reforma porque tiene un enfoque social, de austeridad, y de tributación con solidaridad. Apoyar en momentos de dificultad a 21 millones de colombianos en condición de pobreza es el propósito, así como a esas empresas que necesitan reactivarse y salir a flote. Vamos a dar un debate responsable que permita enriquecer y aprobar este proyecto, siempre pensando en el futuro del país.
Por supuesto que generar mayores oportunidades de trabajo digno debe ser el objetivo a seguir. De ahí que el apoyo a la iniciativa privada y empresarial debe estar siempre presente. Pero no podemos desconocer que hay cerca de la mitad de los hogares colombianos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir la canasta básica de bienes y servicios, y que gracias a esas ayudas monetarias del gobierno se ha aliviado su situación, y también ellas han ayudado a dinamizar la economía local de la gran mayoría de los pequeños municipios del país.
Aquí no hay espacio para mezquindades, protagonismos políticos, ni populismo, aquí tenemos que remar hacia un mismo objetivo: aliviar la caída en el ingreso de los hogares y apoyar las maltrechas finanzas públicas.
