El ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus detalló ante la JEP la forma como se apoderaron de los recursos del sistema de salud para fortalecer el paramilitarismo en esta zona del país. Lo desfalcaron por medio de afiliaciones dirigidas, cobros por servicios ficticios, así como acuerdos entre Autodefensas y alcaldes.
«Con las afiliaciones ellos presionaban a la población o a veces le decían al alcalde, que necesitaban 2.000 o 3.000 afiliados para tal EPS y el alcalde si tenía compromiso con ellos lo hacía, sino inclusive le daban algún recurso por afiliación”, dijo Arana.
Sostuvo que la primera empresa del sector salud en ser próspera y estar al servicio de las Auc fue Manexka. “La manejaba Pedro Pestana, era con la población indígena. Era tan próspera que él logró un gran poder político en Sucre y Córdoba, tuvo una hermana senadora, otra diputada, alcaldes y apoyó alianzas para gobernador”.
En la diligencia Arana habló de otras entidades de salud comprometidas en el entramado de corrupción como Iases limitada, IPS Clínica Santa Clara, y Clínica La Samaritana. Además, reveló que se crearon empresas para dar asesorías falsas a personas con nombres ficticios y cobrarlas.
El desvío de los recursos se hacía con facturaciones ficticias de pacientes que nunca atendieron pero que se facturaban o suministro de medicamentos inexistente y usaban empresas de papel.
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Según las confesiones del ex gobernador Arana, también se robaban los recursos de las medicinas a través de contratos de empresas farmacéuticas con las EPS permeadas, para que por medio de diversas estrategias se dieran menos medicamentos de los indicados a los pacientes o se simularan falsas entregas a los mismos. Señaló empresas como Sumisalud, Inversiones Coveñitas y Sumecar.
Según Arana, los dueños de esas empresas eran amigos de gerentes como María Patricia Cano (en Mutual Quibdó) y Pedro Mulet (en Cajacopi) y ellos «les pagaban un sueldo».
Dijo que esas empresas eran proveedoras,“se hacía un contrato con la empresa para que suministrara medicamentos a un determinado grupo poblacional específico, por ejemplo 5.000 personas. Esas 5.000 personas llevaban una fórmula médica, esa fórmula médica se despachaba o no se despachaba o se entregaba solo una parte, pero se cobraba toda completa y el sobrante de recursos se iba sacando».
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Profundizó en la participación y conocimiento, según él, de Pedro Mulet (exgerente del Hospital de Soledad en Atlántico en 2015) sobre el entramado criminal, incluso que fue su aliado junto con María Patricia Cano en la conformación de la empresa IPS Santa Clara.
En la diligencia ante la JEP, el exgobernador también reiteró sus acusaciones hacia el coronel (r) Norman León Arango, excomandante de la Policía de Sucre (hoy en libertad), asegurando que estuvo presente en reuniones con Rodrigo Peluffo alias «Cadena». Además, que junto al subcomandante de la Policía del departamento, Orlando Vivas, hacían parte de la «nómina» de las AUC para que les ayudaran cuando hubiese operativos.
El exgobernador incluso sostuvo que él mismo le pasaba información a Willer Cobo para avisarlos de cualquier operación, o para que coordinaran con la Policía y la misma fracasara.
El exmandatario a su vez señaló que desde 1990 en adelante estuvo ligado políticamente con el también parapolítico Álvaro García Romero quien incluso respaldó, según Arana, su campaña a la gobernación. García fue aceptado recientemente por la JEP.
“Fue la estupidez más grande y por eso le sigo pidiendo perdón al departamento y al país. Quiero que las nuevas generaciones sepan que la política es para servir y no para servirse”, anotó, y luego recordó el consejo de su padre –ya fallecido–, quien le recomendó no dejar su profesión de médico para meterse en la política. «Si lo hubiera escuchado no estuviera en esta situación», expresó Arana Sus.
Autoembargos en juzgados
Además de esta forma de saquear la salud para ayudar económicamente a las Auc en Sucre, el exgobernador contó que también había desfalcos a través de títulos de embargos de procesos en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo. Esos trámites de Mutual Quibdó, agregó el compareciente, eran a través de autoembargos y el que se encargaba de esa práctica era el abogado Gabriel Acuña.
Con propiedad y en más de una ocasión, Arana se refirió a ese juzgado, diciendo que muchos de los dineros con los que las Auc se beneficiaron eran de títulos salidos de este despacho, pero aclaró que no le consta que ese juez supiera que la plata iba a parar a manos de los paramilitares.
