El representante legal de la veeduría “Quinta Ventana”, Jorge Eliecer Quintana Sosa, denunció al exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz (2016-2019) por la conciliación judicial entre el departamento de Bolívar y la Clínica Madre Laura S.A.S. durante el 2019.
Asegura que la entonces Clínica Laura Carolina durante el año 2013 demandó a la Gobernación del Departamento de Bolívar por el no pago de facturas hospitalarias por $9.500.0000.000 por concepto de atención de personal no vinculado al Régimen Contributivo o al Régimen Subsidiado.
De acuerdo con el veedor, la demanda ejecutiva fue tramitada en el Juzgado primero Civil del Circuito de Cartagena y fallada en contra del departamento de Bolívar en 2018.
Señala que el 16 de julio de 2019 el entonces gobernador Turbay Paz, celebró una conciliación con la Clínica Madre Laura por la suma de $29.505.643.944, operación que fue realizada el último año en que el gobernador salía de su mandato y se dio la orden de cancelar la suma de $9.797.710.163 en un primer pago de recursos del rubro FSG A.2.3.7 pago del déficit de inversión de servicios y tecnologías NO POS R:S vigencia anterior de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar y los restantes $19.707.933.781 durante 6 años a partir del 2020 hasta el 2025.
La conciliación se hizo mediante una sentencia donde el Juez en 2021 se declara impedido de manera sospechosa y pasa el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito.
Asegura el veedor que en el comité de conciliación hubo unas objeciones para pagar dicho rubro escandaloso por parte de la tesorera Masory Hadechine Carrillo, pero en el documento no dice cuáles fueron las razones por que negar el pago. Sin embargo, los otros cuatro miembros del comité avalaron el acuerdo; Pedro Castillo González, Rafael Morales Hernández, Rafael Montes González y Ascendeth Trespalacios Marimòn sin ninguna objeción.
Señala el veedor Quintana que existe un acta donde se deja constancia que el apoderado del Departamento de Bolívar – Secretaria de Salud el 14 de marzo de 2017 presentó recurso de apelación de manera extemporánea que fue resuelto mediante Auto del 30 de marzo de 2017. “Es sospechoso que un proceso tan cuantioso se haya dejado vencer los términos perjudicando las finanzas del Departamento de Bolívar. O sea en pleno mandato de Dumek Turbay”.
Manifiesta Quintana Sosa que el entonces gobernador Turbay tres meses antes de salir hizo que el comité propusiera el pago de $ 9.797.710.163 en un solo tajo del capital cuando la parte demandante había propuesto un pago menor de $1.000.000.000 que era más beneficioso en ese momento. Además, comprometiendo las partidas presupuestales de los siguientes 6 años.
El representante legal suplente de la Clínica Madre Laura SAS, Gabriel Arboleda Giraldo, quien firmó el acuerdo conciliatorio, debió presentar autorización del representante legal principal o de la junta directiva para firmar dicho acuerdo y no aparece en ningún momento anunciada en la conciliación dicha autorización.
Jorge Quintana denuncia también que Alberto Ríos el 17 de diciembre de 2019 hizo las respectiva denuncia ante la Contraloría General de la República por todos estos hechos en la que alertó que la mayoría de las facturas pagadas no se encontraban auditadas, tal como se puede evidenciar en el oficio GOBOL 19-055522 que recibió Adriana Trucco De La Hoz de parte de Verena Bernarda Polo Gómez (derecho de petición de 26 de julio de 2021 que se hizo y se respondió la inexistencia de ese radicado GOBOL-21-032724 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021).
El economista Jorge Quintana asegura que se incurrió en un peculado cuando la gobernación hizo este proceso y que se ocultó en la contestación de la demanda ejecutiva principal como en la acumulada.
También, la Gobernación de Bolívar se ha negado a entregar información de cómo fueron los procedimientos de la Clínica Madre Laura SAS para atender el personal y esto porque no hubo contrato de prestación de servicios entre la Gobernacion de Bolívar y la Clínica Laura Carolina antes del 2011.
En la demanda del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena radicado 015-2013, se evidencia claramente que fue la misma Clínica que solicitó excluir unas facturas a través de su apoderado porque no eran por el servicio de urgencias y se tuvieron que excluir facturas por valor de $ 1.192.273.754, facturas que se les había abonado y estaban en la demanda por valor de $ 282.269.080 y facturas que se debían desglosar por valor de $ 876.450.012.
Esto quiere decir que la Gobernación con su Departamento de Salud, no sabía claramente lo que debían pagar.
“Esto supone claramente que hay muchas facturas que debieron ser desglosadas y no se pronunciaron de ellas. Esta situación tan burda debió ser objeto de apelación y hacerle ver al Juez de alzada para que declarara la nulidad de todo el proceso y lo que se hizo fue dejar pasar la oportunidad procesal para que todo quedara ejecutoriado”.
La Contraloría General de la República al inicio de la denuncia que hizo Alberto Ríos a finales de 2019, dijo que esa competencia la tenía la Contraloría Departamental de Bolívar pero de manera sorpresiva en 2021 le quitó la competencia a la Contraloria Departamental de Bolívar mediante oficio 2021 EE0061864 firmado por Lina María Aldana Acevedo.
Quintana Sosa asegura que esto que está sucediendo ya ha pasado en otras denuncias en la ciudad de Cartagena donde han prescrito las investigaciones fiscales.
Hoy la Gobernación de Bolívar esta aportas en pagar más de los 19.000.000.000 millones restantes más los intereses por el incumplimiento del acuerdo mediante un proceso ejecutivo que instauró la parte demandante y en el cual esta embargados los recursos del Sistema General de Participaciones por cuantía de $ 35.000.000.000 por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Cartagena.
El gobernador de Bolívar Vicente Blel no se ha negado a pagar, pero no lo hizo el año pasado porque se percató que el anterior gobernador Dumek Turbay pagó los casi $ 10.000.000.000 sin que existiera aprobación o reconocimiento del Juez avalando dicha conciliación y por la cesación de pagos durante la pandemia por orden presidencial por razón de la emergencia económica, social y ecológica durante el año 2020.
Mas sin embargo, la actual administración departamental no ha cancelado a pesar de haber un mandamiento de pago con medidas de embargo y secuestro de cuenta bancarias y fondos por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito por la presión que esta veeduría ha hecho.
“Hoy hay que saber coger con pinzas esta situación si el departamento podría pagar o no este acuerdo. Todo un problema que ha generado Dumek Turbay Paz” puntualizó el veedor Jorge Quinta Sosa.
