El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el ente investigador imputará cargos a dos altos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.
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Presuntas irregularidades en contrato de obras civiles en Satena:
Por presuntas irregularidades cometidas en la suscripción de un contrato, en marzo de 2010, para la adecuación de los talleres de mantenimiento, aulas de entrenamiento y sala de juntas de la Dirección Técnica de Satena, será imputado el general en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, José Javier Pérez.
La investigación adelantada da cuenta que en su calidad de presidente de Satena, el oficial al parecer no realizó un estudio de mercado para determinar el valor de los elementos contratados, por falta de planeación.
Los elementos materiales probatorios evidencian supuestas falencias en la etapa precontractual y de suscripción, en la que no se determinó cuáles eran las especificaciones esenciales ni la calidad de los bienes a adquirir.
También se detectaron posibles inconsistencias en la ejecución y tuvo que ser prorrogado en varias ocasiones. A esto se suma, la presunta inexistencia de un análisis de riesgos, inconsistencias con el comité evaluador y que la celebración del contrato se habría adelantado sin el cumplimiento de los parámetros legales de la contratación estatal. Por estos hechos, la Fiscalía le imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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Imputación por posible ocultamiento de pruebas en caso de Diego Felipe Becerra:
La Fiscalía General de la Nación imputará al general en retiro de la Policía Nacional, Francisco Patiño Fonseca, por su posible participación en el ocultamiento y destrucción de pruebas en el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011.
Los elementos materiales de prueba recopilados permiten evidenciar que el investigado, en su calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habría dado instrucciones de ocultamiento de la verdad en beneficio propio, lo que posiblemente provocó la desviación de la investigación por falsas versiones.
El alto oficial respondería por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, favorecimiento y fraude procesal.
