Todavía retumba en las mentes de los colombianos las emocionantes palabras de nuestro presidente Iván Duque al anunciar el 14 de Diciembre del 2021, el aumento del 10.07% del salario mínimo para 2022, que lo fija en $1.117.172 con el auxilio de transporte. “…es un día histórico para el país…me llena de alegría la actitud generosa y consiente de los empleadores, emprendedores y empresarios, que han decidido acompañar una decisión de semejante envergadura y un anhelo de los trabajadores en Colombia”.
Lo que no observó nuestro presidente o se lo ocultaron o pasó de “agache”, es que parte del mismo estamento o aliados económicos y políticos le estaban haciendo “la patuleca”, y la muestra palpable fue el pronunciamiento de los codirectores del Banco de la República conformada por siete miembros donde se encuentran el actual Ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo, el ex ministro de la “docena de huevos a 1.800 pesos” Alberto Carrasquilla y Bibiana Taboada Arango, hija de la exministra del Interior y del trabajo en el gobierno de Duque Alicia Arango, quien fue la Jefe de debate de la campaña de Duque Presidente y directora del Centro Democrático (2014-2015). Alegaron los susodichos “sabiondos” que el salario nuevo “está muy por encima de lo usual”.
Para contrarrestar la decisión presidencial, conjuntamente con los gremios y trabajadores, los gendarmes de la “economía salvaje” le hicieron “conejo” a Duque, cuando decidieron que el Banco de la República incrementara las tasa de interés al 3% y paso seguido, las empresas aseguradoras con el visto bueno de la Superintendencia Financiera, acordaron un ajuste del SOAT del 12,24% para 2022, siendo que por ley debe ser máximo 10,07% de acuerdo al aumento del salario mínimo.
Ahora bien, ¿Qué pensarán los colombianos cuando la Superintendencia Financiera se pasa por la faja las decisiones de nuestro parlamento? Pues así sucedió, después de mucho trajinar en las plenarias del Senado y Cámara aprobaron un descuento, por única vez, del 10% del valor de la renovación del SOAT para los conductores que en el último año no tuviesen historial de siniestralidad, sin embargo la Súper autorizó el anotado aumento del 12.24 %
El mismo estado es proclive con la empresa privada, ¿qué podemos esperar cuando en nuestro sistema no existe un verdadero control sobre precios y medidas? Parodiando los preceptos neoliberales, el Estado solo observa el libre juego de la oferta y la demanda sin intervenir directamente en la economía, pero, lo que sucede actualmente en el país es para que la intervención sea inmediata y se puedan regular los precios, muy a pesar de las vicisitudes acaecidas en los últimos años.
Las empresas aprovechan cualquier novedad para sus injustificados y desproporcionados aumentos, primero el Covid y los bloqueos de vías, donde los almacenes de cadena y supermercados argumentaron escases de productos, subieron los precios y cuando se regularizó la actividad económica, los precios altos se mantuvieron y ahora en enero del 2022, volvieron a aumentarse, más tarde “el cuento chino de los contenedores”, ahora la inflación y el alto aumento del salario mínimo que con incredulidad observamos un año nuevo con precios nuevos del 30 40 y 50% de aumento, demostrando que no tienen “alma social”.
A lo del SOAT le agregamos los peajes y arriendos que subirán con base a la medición de la inflación que está en el 5,26%, el transporte público entre un 5,2 % y 6,2 %, la gasolina con un aumento promedio de $176 por galón y $166 el diésel, el cobro de la inquisitivas cámaras para fotomultas implementadas por las alcaldías incluyendo patios y grúas que aumentará en un10,07%.
No se quedan atrás los bares y restaurantes y el famoso “corrientazo” que tendrán alzas promedio del 15% al 30%, los copagos y las cuotas moderadoras con un incremento del 4,67%. A lo anterior, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, exclamó que “esas alzas no estarán atadas al incremento del salario mínimo en Colombia, se trata del cumplimiento de los acuerdos en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.
Dichas declaraciones aumentan la incertidumbre cuando es el Estado en su conjunto el que debe intervenir para contrarrestar los fallos en el mercado ya que allí están inmersos los monopolios que controlan los productos de la canasta familiar, pero, parece ser que dicha comisión, no está en función de buscar el equilibrio para el bienestar de los productores y consumidores
Cuando escuchamos las palabras de ese “histórico” día, “…éste es el Gobierno que más ha incrementado el salario mínimo, en términos reales, en los últimos 50 años, lo cual muestra que la equidad es nuestro norte, faro y objetivo”, retrocedimos en la historia e hicimos remembranza al 20 de julio de 1810 con el “Grito de Independencia”, cuando queremos escucharlo nuevamente por parte del Estado para que verdaderamente “cambie la historia de lo que hoy conocemos como Colombia”. Necesitamos otro grito parecido al de la independencia, pero no político, sino económico-social…
