Dando continuidad a mi columna del domingo anterior, #Opinión | Cambios militares en Venezuela desde 1999 (1) derivado de la politización sufrida por la Fuerza Armada en Venezuela, se produce el quinto cambio: prebendas y dádivas a militares de alta jerarquía.
Los generales comenzaron a desempeñar roles muy importantes, reservados mayoritariamente al estamento civil antes de 1999, recibiendo canonjías e incremento de sueldos, gozando de grandes prerrogativas y ocupando cargos públicos de dirección en ministerios, empresas del Estado, entidades mixtas y vastos sectores de la vida política nacional, extendiéndose a otra línea de militares de menor nivel desde el rango de Coronel. Para ilustrar, la Fuerza Armada entró a sustituir las fuerzas productivas del pueblo, interviniendo en el sistema de alimentación, al punto que generales y almirantes fueron encargados de los diferentes rubros de alimentación del país y nombrados jefes de unidades de la producción de pollos y otra aves, de porcinos y de la producción agrícola.
Todo ello, en detrimento de la función militar profesional de las armas. Esto es, el oficial venezolano de hoy, no es un profesional militar sino un hombre con uniforme, acompañado de un discurso político. Por ende, existen unas pseudo Fuerzas Armadas con otros intereses, particularmente económicos, con otros objetivos y absolutamente subyugadas al régimen venezolano, en las que lo más grave es la pérdida del honor militar y del espíritu de servicio a la comunidad. De hecho, los gabinetes ministeriales desde los gobiernos de Chávez se han mantenido con una alta presencia de ministros de origen militar, la que se acentuó con Nicolás Maduro hasta llegar al 34% en julio 2017, al profundizarse la crisis institucional, política, económica y social venezolana.
De los 32 ministerios y un ministerio de Estado, del gabinete ministerial reestructurado por Maduro en 2017, once corresponden a militares (7 activos y 4 retirados). Además del tradicional Ministerio del Poder Popular para la Defensa, los militares han dominado los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que se ocupa de la seguridad ciudadana, el del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno y el Ministerio del Estado para la nueva frontera de Paz. También controlan las carteras de agricultura, vivienda, alimentación, obras públicas, energía eléctrica y desarrollo minero ecológico, entre otras.
Igualmente, se sumaron oficiales a cargo del sector eléctrico, las empresas de aluminio, hierro y acero de Guyana, ubicadas al sur del país, y el metro de Caracas. Dicha situación ha sido el germen de los conflictos de intereses, entre los políticos y militares al servicio del régimen, para hacerse al control de las empresas estatales, debido a que prácticamente están al mando de los militares con excepción de Petróleos de Venezuela que es gerenciada por un civil. Una situación que poco ha cambiado, porque en los 34 ministerios actuales, 9 carteras continúan ocupadas por generales y almirantes, con excepción del ministerio para la pesca y la agricultura a cargo de un coronel retirado.
Como consecuencia de lo anterior, surge el sexto cambio, la corrupción como herramienta de vinculación y control. Las posiciones y circunstancias en que el gobierno venezolano ha colocado a la Fuerza Armada Nacional a partir del año 1999, han favorecido la corrupción y la penetración del narcotráfico, desde la cúpula militar hasta los niveles más bajos del mando. Una muestra son los militares que desde el “Plan Bolívar 2000”, en las diferentes guarniciones del país, han tenido la administración de cuantiosos recursos sin rendición de cuentas, para luego ser chantajeados en caso de que pretendan dejar de apoyar al régimen o denunciar la corrupción. Así las cosas, buena parte del alto mando se encuentra muy involucrado en corrupción, en apoyo al narcotráfico y en otra serie de asuntos ilegales; es una Fuerza Armada en la que parte de su cúpula militar se considera un cartel, de ahí el cartel de los soles, que se está beneficiando económicamente de las prerrogativas que le da el gobierno y sus nexos con el tráfico ilegal de drogas.
De dicha situación se desprende que, si bien antes de 1999 los mandos militares podían significar una solución para subvertir el nuevo orden establecido, hoy es casi una utopía, porque están muy comprometidos en violaciones de derechos humanos y actividades ilícitas, por lo que saldrían perjudicados. Efectivamente, la lealtad está cooptada y el apoyo al régimen garantizado, no por un interés institucional sino porque prevalece el interés particular. Son intereses personales por los cuales se han enriquecido altos mandos de las Fuerzas, al mismo tiempo que han sido infiltrados y penetrados por el G2 cubano que se encarga de controlar la lealtad, como principio imprescindible para mantener el proceso “revolucionario”.
En efecto, después de la llegada de las misiones “humanitarias” procedentes de Cuba, en 2008 se inició el arribo de los militares cubanos a Venezuela. Asesores en seguridad, inteligencia y contrainteligencia en el Ministerio de Defensa, fueron insertándose en las Fuerzas Armadas con la creación del Grupo de Cooperación y Enlace de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana (Gruce), desde el cual han tenido injerencia directa sobre la estrategia de defensa, incluida la instauración del concepto doctrinario de guerra popular prolongada. Adicionalmente, su penetración llegó al punto que los agentes cubanos controlan el Ministerio del Interior, teniendo acceso a los registros de la ciudadanía venezolana y a sus transacciones financieras de todo orden. Encima, ejercen control sobre terminales de transporte, puertos y aeropuertos, que sirven de entrada y salida del país.
Por último y paralelamente a los cambios anteriores, arribamos al séptimo cambio militar, el crecimiento armamentista. Este se da con la adquisición y renovación de capacidades para atender un conflicto internacional, creando un desbalance estratégico en la región y principalmente con Colombia. En todo caso, dicho incremento no debe confundirse con una carrera armamentista como se llegó a vaticinar. Respecto a Colombia, el desbalance se materializa por la ventaja venezolana obtenida en la defensa aérea, blindados terrestres y superioridad aérea.
Es así que la defensa Aérea de Venezuela se ha fortalecido con la vigilancia satelital de su sistema integrado de radares, apoyada por un robusto sistema defensivo antiaéreo que protege la infraestructura estratégica y propende por la neutralización de las operaciones de contrapoder aéreo. En lo terrestre, cuenta con una marcada superioridad de tanques de guerra y vehículos blindados de transporte de personal, obstaculizada por las limitaciones de los accidentes geográficos y barreras naturales propias de la topografía del terreno. Finalmente, la superioridad aérea alcanzada con la adquisición de la flota de aviones Sukhoi SU-30 y los aviones F-16, le da la capacidad para realizar ataques con plena autonomía y lograr la supremacía aérea, sin descontar las debilidades de operatividad que puedan darse por limitaciones logísticas.
En conclusión, los cambios militares surtidos explican la mutación sufrida por las fuerzas armadas de Venezuela, convirtiéndose en un modelo de fuerzas armadas socialistas. De ahí que el respaldo de los militares al régimen, está dado porque dicho modelo no es igual al modelo militar de las democracias representativas. Es decir, los integrantes de los componentes militares están inmersos en un proceso de ideologización y participación política, muy diferente al modelo representativo liberal, en el que los militares se encuentran en sus cuarteles sin ser deliberantes y se mantienen apolíticos.
Para Colombia, en las circunstancias electorales actuales, donde están en juego la democracia y las libertades, Venezuela es un espejo al que se debe mirar, por cuanto refleja la ambición desenfrenada de un régimen que en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus propios dirigentes a costa de los bienes públicos del Estado. Por consiguiente, es la cleptocracia, como sistema de gobierno, la que realmente se ha instalado en Venezuela. Cuesta creerlo, pero hacia allá iremos, si los colombianos no dimensionamos la magnitud del riesgo que entrañan los cantos de sirena de candidatos populistas, disfrazados con las banderas del progresismo.
Post scriptum. Sobre los militares venezolanos pensionados: en enero de 2001, la pensión de un general de brigada ascendía a 1.600 dólares, mientras que en 2022 se ha reducido a 55 dólares. Similar afectación para los demás grados con derecho pensional.
