Rosario es una ciudad enclavada en la costa del Paraná y que cuenta con la poca feliz marca de ser la capital del narcotráfico argentino. Esta problemática, que ocupa gran parte de los noticieros y de los diarios en países como Colombia y México, se ha llevado las luminarias esta semana en la Argentina gracias a una dramática cifra que pone sobre la mesa un tema que sigue sin resolverse: la legalización de las drogas para uso recreativo. En la Provincia de Buenos Aires a la fecha se cuentan 23 personas muertas y decenas de miles de heridos que dejó un cargamento de cocaína “adulterada”.
Lo curioso, más allá del hecho lamentable de las muertes ocasionadas con este producto, fue la reacción de las autoridades locales, quienes incautaron todas las dosis existentes de este lote contaminado e hicieron varias capturas, dejando ver con su reacción pronta y efectiva, que tenían una amplia y contundente información contra estas mafias. Promoviendo, además, ágilmente un mensaje, ya no a nivel de seguridad sino de salud pública, en el que se invitaba a la ciudadanía a no consumir dosis compradas en puntos específicos de expendio y en fechas concretas. Es decir, el mensaje implícito del Gobierno de la provincia es: droga sí, pero no así.
Ahora bien, el hecho desnudó, adicionalmente, unas cifras que sorprendieron a propios y más que todo a extraños. Se dice que el mercado del narcotráfico en Argentina deja aproximadamente ingresos por 504 millones de dólares anuales, que no llega a ser ni el 1% de su PBI, misma cantidad que deja en Bolivia donde si equivale al 1.3% del PBI. En Colombia la cifra puede ascender a los 20K millones de dólares equivalentes a un área sembrada que oscila entre 250K y 300K hectáreas de coca y el 10% del PIB. En Perú sus más de 50K Hectáreas representan unos 400 M de dólares.
Lo impactante de este panorama es que se estima que máximo el 10% de los recursos que genera este insumo se queda en los países productores y es donde se libra la más cruenta batalla desde hace 50 años cuando Nixon dijo que el enemigo común de todos los americanos, incluidos nosotros (quiero pensar), era el narcotráfico.
En los 90, en Colombia, que siempre ha liderado estas cifras, las hectáreas sembradas en arbustos de coca llegaron a ser 242.785. Para la misma época los americanos consumieron entre 300 y 400 toneladas métricas de cocaína anuales y dedicaron para su adquisición un promedio de 1.65 USD por gramo[1]. En 2021 Colombia produjo 1010 Tm de cocaína, pero solo necesitó la mitad de la hoja de coca que usaba hace 30 años porque, como lo decía Adam Smith, en toda actividad económica los costos son decrecientes, y esta, teóricamente, es solo una más de ellas.
¿Qué soluciones brinda, entonces, la teoría económica? ¿Son socialmente deseables una producción y un consumo liberados ante la evidente realidad que la mayoría de las sustancias recreativas usadas por el hombre afectan su salud y, mayor o menormente, su entorno? ¿Cuál es el criterio y el límite para determinar esos niveles de afectación? ¿La política diseña algún modelo de Estado donde quepan la libertad de los individuos para determinar sus actividades dionisiacas y los límites de estas cuando afectan otros individuos? ¿Qué rol juega el derecho con los insumos que le entregan estas ciencias del conocimiento y hasta qué punto sus reglamentos leudados de hipocresía intelectual solo se traducen en violencia, muertes, vidas truncadas y alzas o rebajas en el precio del kilo, si aún no ha salido de Latinoamérica, o del gramo, si ya circula en una economía sólida y del tan anhelado primer mundo?
La próxima columna dará respuesta a estas y otras cuestiones. Solo queda claro, por ahora, que Portugal y Bolivia, con la legalización de toda la cadena producción/consumo ha obtenido en menos de un lustro mejores resultados que los casi 10 Billones de dólares que EEUU destina anualmente para combatir el narcotráfico solo en Colombia desde hace décadas.
[1] Datos obtenidos del Ex fiscal general de la Nación de Colombia Gustavo de Greiff autor del Prólogo y traductor del Libro de HUSAK Douglas N. “Drogas y Derechos”. 2001. Fondo de Cultura Económica. Título Original “Drugs and Rights”. 1992. Cambridge Press.
