Un Juez de Control de Garantías judicializó a diez personas implicadas en hechos de corrupción tras haber afectado el presupuesto de la Rama Judicial en Cartagena de Indias. Entre los implicados figura como autor intelectual del desfalco, Larry López Ospino, quien aceptó los cargos.
Según la investigación hasta el 2021 este hombre ejerció como liquidador de nómina de la Dirección Administrativa Judicial de Cartagena. El desfalco supera los 2.800 millones de pesos, mediante el pago irregular de salarios.
De acuerdo con la investigación, desde 2016 a la fecha, el procesado habría aprovechado su rol para inscribir en el sistema de registro de funcionarios a amigos y familiares quienes, sin ser servidores judiciales, se beneficiaron con las prestaciones que normalmente son reconocidas a estos trabajadores.
El ente acusador también determinó que López Ospino habría aprovechado sus conocimientos en informática para alterar los sistemas y los programas de nómina de la Rama Judicial e ingresar datos de falsos trabajadores para lograr que les fueran cancelados durante cinco años salarios, primas, cesantías y bonificaciones, entre otros, rubros,
Los demás implicados fueron identificados como Miryam Fajardo Pombo y Renzo León Pérez quienes aparecían en el papel como Jueces; cuando en realidad trabajan como ama de casa y mecánico, respectivamente.
José Manuel Pérez González, quien aparecía cumpliendo funciones como oficial mayor, en realidad se desempeña como mototaxista; y Amanda Ortiz Martínez, supuesta secretaria municipal, trabajaba era como doméstica.
Estas cinco personas fueron capturadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de varias diligencias de registro y allanamiento.
Otros investigados:
Otras de las personas que están siendo procesadas, en ausencia, pero representados por sus abogados son: Evelyn Torres Reinero y Eder Santiago Chávez Hernández; quienes aparecían en la nómina de la Rama como abogados y jueces, pero en realidad se desempeñaban como comerciante y contador.
En los hechos también estarían implicados Natalia Kamila Pérez Torres, estudiante y Fredy Fernando Lemus Martínez, quien labora en un expendio de carnes. Estas dos personas habrían recibido dineros públicos, aunque no fueron incluidos como trabajadores de la Rama Judicial.
El material de prueba recaudado por la Fiscalía evidenció que los falsos trabajadores, una vez cancelados los salarios indebidos se quedaban con un porcentaje del dinero y el resto lo consignaban a López Ospino.
Los procesados les fueron imputados según sus responsabilidades individuales, delitos como: peculado por apropiación agravado continuado, falsedad ideológica en documento público agravado continuado y acceso abusivo a un sistema de información.
López Ospino, quien durante las audiencias concentradas se allanó a todos los cargos imputados por la Fiscalía, cumplirá su medida preventiva intramural en la Cárcel Ternera de Cartagena. A los nueve restantes se les dio casa por cárcel. La Fiscalía continuará con la investigación en contra de otros cuatro procesados.
