“…entre los años 1900 y 2022 el estado ha adjudicado casi 100 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas…”
Mucho se ha hablado en Colombia sobre la tierra, de la forma inequitativa de su tenencia, pero también, la ayuda del Estado al sector campesino ha sido palpable en muchos gobiernos. También es cierto que el sector ha sido aporreado por la violencia en todas sus ramificaciones, que ha degenerado en la migración del campo a la ciudad y aumentado el robo o despojo por los miembros del mismo conflicto.
Lo sucedido el pasado sábado 8 de octubre, no es nuevo en nuestro país, muchas han sido las ayudas al sector campesino y en nuestras investigaciones encontramos que entre los años 1900 y 2022 el Estado ha adjudicado casi 100 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, que normalmente sus destinatarios no son los que verdaderamente quieren la tierra, lo cual incide en que no son explotadas por el sector primario de nuestra economía y muchas veces son vendidas, muy a pesar que dentro de la normatividad está prohibida su venta, como sucede actualmente con las tierras incoradas que sus dueños actuales no son los mismos a los cuales se las adjudicaron y pasan a nuevas manos sin escritura y mucho menos con registro de instrumentos públicos.
La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, está dando sus frutos sin importar las palabras desobligantes de la senadora Cabal cuando asegura que “…Soy y seguiré siendo acérrima opositora al gobierno Petro, cuya causa, basada en resentimiento, pone en riesgo la institucionalidad y la libertad”, un axioma no verdadero al discernir que no existe gobernabilidad, cuando apenas está en sus inicios de gobernanza y lo hace a manera de errónea, pero, como premisa de combate para sus aspiraciones presidenciales.
La locuaz y candidata presidencial, no argumenta nada sólido para justificar lo injustificable, como tampoco muestra propuestas de su posible gobierno de extrema derecha, mientras su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fue claro y contundente contradiciendo lo expresado por su esposa, “…Este es un gobierno de diálogo y de concertación y en consecuencia hemos avanzado muy rápidamente. En menos de un mes hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural…”.
Lo acordado se refiere a un minucioso y estudiado convenio para que los poseedores de grandes extensiones de excelentes terrenos, pero improductivos, le vendan al Estado tres millones de hectáreas y con elementos de control, capacitación, ayuda financiera y mercadeo, contribuyan a desarrollar nuestro campo y sirva como el deseado avance de la reforma agraria, quien quedó es estatus quo, en el anterior gobierno y estaba considerado como uno de los puntos claves del acuerdo final de paz entre el Estado y las FARC desmovilizadas.
En dicho convenio, se plasmaron varios puntos a cumplir. En primer lugar, “los terrenos deben estar acreditados como propiedad privada conforme a la ley. Además, no deben tener ningún proceso agrario en curso”, en segundo lugar, “…los predios deben estar libres de deudas con el fisco y con posesión en manos de sus propietarios…”, en tercer lugar, “…cumplir con las disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas requeridas para la siembra o proyectos productivos”, Cuarto, “…las autoridades municipales y veredales evaluarán la capacidad productiva del terreno su ubicación…”.
Como en todo acto de venta y compra con el Estado, siempre existen los que desean sobrevalorar las tierras con altos precios para seguir con el jugoso negocio de la corrupción, por tal razón, el valor de compra no será a “motu proprio”, ya que se tasará según la Ley 160 de 1994 -Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino-, que establecerá su valor comercial, con una tabla de precios máximos y mínimos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), conjuntamente con el catastro multipropósito.
Los gendarmes especialistas en criticar todo, lo hicieron en otros gobiernos y ahora lo están llevando a cabo con el actual, ellos son especialistas en difamar y convertir lo bueno en malo, no quieren que el gobierno se endeude para éste fin, desean que invierta más en la maquinaria de la guerra para la búsqueda de la paz, cuando lo que se propone es la emisión de títulos TES, con un costo aproximado de 60 billones de pesos, cifra irrisoria para poner a producir el país, y más cuando el ex contralor general, Carlos Felipe Córdoba, le anunció al país que las cifras de corrupción estaban cercanos a los cien billones de pesos, algo así como el 22% del presupuesto general de la nación.
Entonces nos preguntamos: ¿…si para la defensa y policía en el gobierno anterior se presupuestaron $42,6 billones, cual es la razón para no invertir 60 billones para poner a producir el país? Recordemos que todavía estamos en los peores puestos de percepción de corrupción de acuerdo a Transparencia Internacional, cuando no salimos de la parte baja con un puntaje de 39 sobre 100 donde éste último es la ausencia de corrupción y el puesto 87 dentro de 180 países.
Los campesinos lo saben…no pueden venderla, enajenarla, alquilarla, donarla, como algunos lo hicieron en el pasado, ahora es a otro precio… A producir es lo que deseamos.
