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Los investigados fueron imputados por delitos contra la Administración Pública. Los dineros, aparentemente comprometidos en los actos de corrupción, provendrían de las regalías entregadas al Chocó.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve personas; entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) señalados de estar implicados en el desfalco de más de $38.000 millones.
Según la investigación los procesados suscribieron entre 2017 y 2020 un contrato de suministro de maquinarias y equipos industriales y dos contratos de obra que incluía la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el Municipio de Atrato en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria; cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó).
Para la Fiscalía, los investigados habrían suscrito, tramitado y autorizado el pago de los contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución, con licitaciones inexistentes, tampoco había una póliza de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera. En tal sentido se determinó que los recursos no fueron depositados en una fiducia; sino que los mismos fueron girados a cuentas de particulares.
También se habrían incumplido los requisitos esenciales para realizar los desembolsos y no se evidenciaron avances en cuanto a lo contratado, a pesar de haberse dispuesto como plazo para la ejecución de todo el proyecto diciembre de 2019.
Por estos hechos servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a los procesados quienes fueron imputados; según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.
Medidas impuestas por el juez de garantías
Se trata de Eduardo Antonio García Vega, quien para el 2017 se desempeñaba como rector de la UTCH; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato 2020; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero; y Angel María Melo Chaverra, interventor de un contrato. Estas personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario.
En libertad, pero vinculados al proceso, están: Fredy Iván Paz Perea, tesorero actual de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, actual jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato de la UTCH.
