La reincorporación de Cynthia Pérez Amador al ámbito público tras su reciente contrato con el gobierno de Dumek Turbay Paz ha generado controversia y preocupación en Cartagena de Indias.
Pérez Amador, quien anteriormente ocupó el cargo de asesora de confianza de William Dau Chamat en 2020, se vio envuelta en un escándalo al presentar un diploma falso para acreditar estudios profesionales, lo que la llevó a salir del Palacio de la Aduana.
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Ahora, su vinculación con una orden de prestación de servicios (OPS) por un monto de $14 millones de pesos para apoyar la gestión del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), dirigido por Jorge Redondo, ha avivado las llamas de la crítica y el cuestionamiento sobre la transparencia en los procesos de contratación en la administración de Cartagena de Indias.
El retorno de Pérez Amador al escenario público levanta interrogantes sobre la integridad y la ética en las prácticas administrativas de la ciudad. Con antecedentes que incluyen acusaciones de falsificación de documentos y presuntos vínculos con casos de corrupción, su reinserción en el ámbito gubernamental plantea serias dudas sobre la idoneidad de los criterios de selección y la diligencia en la verificación de antecedentes de los contratistas.
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Esta situación no solo pone en entredicho la credibilidad de la administración Distrital en cabeza de Dumek Turbay Paz, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en la probidad de sus líderes y en la eficacia de las medidas para combatir la corrupción.
