La inseguridad en Cartagena de Indias sigue siendo una preocupación latente para sus habitantes. Las acciones sicariales se han convertido en una constante, sembrando terror, confusión y desconfianza.
Luis Pérez Ramos, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Colombia, alzó su voz de protesta en demanda de acciones concretas para frenar esta ola de violencia, y ha señalado una alarmante desigualdad en la respuesta de las autoridades.
Una de las críticas más contundentes de Pérez Ramos se dirige al criterio con el que el alcalde Dumek Turbay Paz decide el monto de las recompensas ofrecidas por información que conduzcan a la captura de los responsables de crímenes. Un ejemplo claro de esta disparidad es el caso del asesinato de Emperatriz Alquerque Suárez, por el cual se ofrecieron 50 millones de pesos y se logró la captura de los presuntos responsables. En contraste, por el asesinato de un inspector de policía, Omar Cervantes González, la recompensa ofrecida fue de apenas 10 millones de pesos.
Esta diferencia en las recompensas plantea serias preguntas sobre las prioridades de las autoridades y el valor que se le da a la vida de los ciudadanos, sean estos figuras públicas, funcionarios o civiles.
El «Plan Titán», anunciado con bombos y platillos, durante la campaña de Turbay Paz, prometía ser una respuesta contundente a la delincuencia en la ciudad. Sin embargo, la realidad parece distar mucho de las expectativas. A pesar de las millonarias inversiones en tecnología, como la compra de drones y la mejora del parque automotor de la policía, los resultados visibles son escasos. Los operativos que se anuncian con gran publicidad a menudo no se traducen en una mejora palpable de la seguridad en las calles.
Los habitantes de Cartagena se preguntan dónde están los drones y los vehículos que solo se ven en las fotos oficiales, pero que no parecen estar haciendo la diferencia en la lucha contra el crimen. Esta falta de efectividad y transparencia en el uso de recursos públicos contribuye a la percepción de desamparo y desconfianza en las autoridades.
La exigencia de Luis Pérez Ramos de acciones concretas no puede ser ignorada. La ciudadanía necesita ver resultados tangibles y un compromiso real de parte de sus líderes para combatir la criminalidad. “La seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos los habitantes de Cartagena”.
