Dos años de cambios. En política económica, la de Petro es socialista y apuesta por aumentar el tamaño, los poderes y los ingresos del Estado al mismo tiempo que castiga de manera inclemente el esfuerzo privado. Se ve en la tributaria del 2022, que aumentó agudamente los impuestos a las personas naturales y jurídicas, y en la prisa de Petro por echarle mano a más dinero, el de los fondos nacionales, los parafiscales y el depositado en los bancos; en el sistema de salud, donde quieren eliminar las EPS privadas y concentrar los usuarios en la Nueva EPS; en la pensional, que coarta la libertad al exigir a todos los cotizantes aportar a Colpensiones, que obliga al 83% de ellos, que gana dos salarios mínimos o menos, a trasladarse a esa entidad y que marchita inexorablemente los fondos privados; en la propuesta de inversiones forzosas y en la creación de una empresa estatal para la minería.
Colapsó el sector petrolero y minero, columna vertebral de la economía, por soberbia y prejuicios ideológicos, sin que importen un pimiento el costo descomunal para los ingresos de la Nación, gobernaciones y municipios, la caída de las exportaciones, la pérdida de la autosuficiencia y la soberanía energética, el riesgo de desabastecimiento y el aumento de tarifas.
Cambio también ha habido en las políticas de seguridad y de paz. El gobierno ha castigado a la Fuerza Pública, descabezó su liderazgo, redujo su presupuesto, impidió el uso de su capacidad aérea, debilitó la inteligencia, rompió relaciones con Israel, socio estratégico en la materia. Colonizó con militantes del M19 las entidades del Estado con funciones de seguridad, DNI, UNP, Migración. Renunció a la erradicación de narcocultivos. Desechó las enseñanzas de cuarenta años de procesos de paz. Decidió pactar ceses del fuego al empezar negociaciones y no al final. Ceses mal concebidos y que en lugar de preparar las desmovilizaciones y el desarme, paralizan a los uniformados y no le exigen a los grupos violentos dejar de delinquir. Y ha buscado negociaciones no solo con “guerrilleros» sino con organizaciones estrictamente mafiosas.
Hay cambio en la calidad de la administración pública. Entre los nuevos abundan el nepotismo, los activistas, los influencers, los militantes ideológicos radicales, y se desprecian el conocimiento y la experiencia. Han echado miles de técnicos solo por venir de gobiernos anteriores. La eficacia y la efectividad en la gestión pública, en la ejecución de los presupuestos, dejaron de ser importantes. La improvisación y la ignorancia campean, y se volvió vital la lealtad genuflexa al presidente. Aunque siempre ha habido amiguismo en la diplomacia, ahora se nombran en embajadas y consulados personas sin profesión, sin segundo idioma, sin ninguna experiencia ni entendimiento de las relaciones internacionales, muchos con procesos judiciales abiertos, incluso alguno de ellos por narcotráfico. Y las superintendencias dejaron de ser organismos técnicos para convertirse en instrumentos de intimidación al sector privado y de persecución a los contradictores.
Jamás hemos tenido tanta corrupción. El petrismo llegó con hambre vieja, dispuesto a meterle diente a cuanto presupuesto y contrato le pasa por delante. Por eso no hay sector del gobierno donde no salte la pus. Este es, además, el gobierno de los escándalos. No hay semana donde no haya alguno. Y afectan al círculo más íntimo de Petro, su hijo, su esposa, su hermano, su gerente de campaña, el presidente de su partido, los ministros de Interior, Hacienda, Deporte (y probablemente otros dos), la directora y el exdirector del Dapre, el de Función Pública, etc. Chuza magistrados y hay un cambio adicional: el soborno en efectivo de congresistas para asegurar la aprobación de los proyectos del gobierno y la impunidad de Petro en la Comisión de Acusaciones.
Para rematar, el cambio más novedoso es el afán sistemático de quedarse en el poder, de encontrar la forma de saltarse la Constitución para no entregar la Presidencia en el 2026. No ha encontrado, por fortuna, la manera. Pero en eso anda. Cambio sí, pero para peor.
