El amanecer en Playa Blanca, Barú, fue interrumpido por una operación de desalojo que ha dejado en evidencia una vez más la cruda realidad de los nativos de la zona insular. La diligencia, encabezada por el Inspector de Policía de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia, ordenó la recuperación del predio conocido como ‘Punta Seca’ en favor de Gabriel Echeverría Obregón, ignorando los derechos y argumentos de la familia Girado, quienes han habitado estas tierras por generaciones. Este acto, acompañado por un despliegue desproporcionado de fuerza pública, refleja la asimetría de poder que sigue desplazando a las comunidades más vulnerables en nombre del desarrollo turístico.
Más de 15 lanchas transportaron a 200 uniformados de la Policía Nacional, incluyendo miembros del ESMAD, a Playa Blanca en una operación que paralizó las actividades turísticas durante más de cuatro horas.
Los turistas quedaron atrapados en sus vehículos mientras se realizaba el desalojo de la familia Girado, quienes fueron expulsados violentamente de su predio. A pesar de los intentos de los abogados de la familia y los nativos de Barú por detener la diligencia, señalando múltiples irregularidades, el inspector Pérez Saravia, decidió seguir adelante, amparado únicamente por los intereses de la contraparte.
Los abogados de los nativos afros y ancestrales presentaron argumentos sólidos que señalaban la ilegalidad del procedimiento: la notificación de la diligencia se realizó apenas 13 horas antes, cuando la ley exige un mínimo de 72 horas; la orden de desalojo fue publicada de manera informal en un árbol dentro del lote de más de 20 hectáreas, y no se consideró el recurso de aplazamiento, ni se esperó la decisión en segunda instancia.
A pesar de estas claras violaciones al debido proceso, el inspector desestimó todas las objeciones y procedió con el desalojo, respaldado por un delegado de la Personería, que manifestó que cualquier reclamo debía hacerse después de la ejecución de la orden.
La familia Girado ha sido víctima de una serie de injusticias que datan de décadas atrás. Lucas Evangelista y Sixto Girado heredaron 27 hectáreas de sus abuelos, tierras que sus descendientes han intentado proteger de intereses externos. Sin embargo, la mitad del predio fue vendida irregularmente, y aunque el comprador original prometió devolver las tierras a los nativos, su fallecimiento dejó la promesa en el olvido. Hoy, Gabriel Echeverría Obregón, familiar del comprador, ha utilizado todos los medios a su disposición, incluyendo la intimidación armada, para consolidar su control sobre las tierras de la familia Girado.
Este desalojo es un golpe devastador para la comunidad de Barú, que ve cómo sus tierras ancestrales son arrebatadas para dar paso a proyectos turísticos que los excluyen. Los nativos lanzan un desesperado SOS al presidente Gustavo Petro, pidiendo que se detenga el despojo sistemático que sufren. Mientras tanto, a nivel nacional, solo el congresista Julián Gallo ha alzado su voz en defensa de los derechos de estas familias, mientras la bancada de Bolívar permanece en silencio.
La pregunta que hoy resuena en Barú es inevitable: ¿Dónde están los políticos de Bolívar cuando más se les necesita? La comunidad, que ha sido un bastión de votos para muchos, se siente abandonada en su lucha por mantener sus tierras.
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El desalojo de la familia Girado es una evidencia de la fragilidad de los derechos de los nativos frente a los intereses económicos. En un país donde el desarrollo turístico a menudo se impone sobre la justicia social, ¿Quién defenderá a los que no tienen voz? La comunidad de Barú espera respuestas, pero sobre todo, acciones que pongan fin a esta cadena de injusticias y desde ya se gesta un paro indefinido en la zona.
