En un caso que ha estremecido a la heroica Cartagena de Indias, un juez de conocimiento condenó a 19 años y 8 meses de prisión a cinco integrantes de una red delictiva dedicada a la explotación sexual de menores de edad. Los criminales instrumentalizaron a 54 niños, niñas y adolescentes para fines sexuales durante una fiesta celebrada en la isla de Barú, en octubre de 2014.
Los condenados, identificados como Kelly Johana Suárez Moya, Samuel David Olave Martínez, Eduardo Ortega Issa, Horacio Revolledo Pacheco y Juan Manuel Oquendo Sierra, alias «Fuego», fueron encontrados culpables del delito de proxenetismo. El caso fue investigado minuciosamente por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, quien logró consolidar las pruebas que permitieron la histórica condena.
Su agencia de modelaje, Stage Models Caribe, creada junto a Samuel David Olava Martínez, era un señuelo para atraer a los jóvenes con falsas promesas de oportunidades en el mundo del modelaje.
Olava Martínez, se describía en su perfil de Facebook como modelo y empresario, publicaba frecuentemente invitaciones a eventos, lo cual formaba parte del esquema para atraer a potenciales víctimas.
Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 11 de octubre de 2014, cuando los sentenciados organizaron una fiesta en la turística isla de Barú, al sur de Cartagena. Durante el evento, menores de edad fueron obligados a participar en actividades sexuales con turistas y extranjeros. La rápida acción de las autoridades, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió la intervención en el lugar, rescatando a 54 menores y garantizando el restablecimiento de sus derechos.
El fallo judicial es un paso clave en la lucha contra las redes de explotación sexual en una región marcada por el turismo, donde menores de edad han sido históricamente vulnerables a este tipo de crímenes.
Cartagena de Indias, como uno de los principales destinos turísticos de Colombia, ha sido escenario de delitos relacionados con el turismo sexual, lo que ha impulsado a las autoridades a reforzar los controles y la vigilancia en áreas turísticas y en eventos de alto perfil.
Las autoridades han reiterado que esta condena no sólo marca un precedente en la lucha contra el proxenetismo, sino que también envía un mensaje contundente a quienes buscan lucrar con la explotación sexual infantil. «La explotación de menores de edad es un crimen imperdonable que desgarra el tejido social de nuestro país», declaró un vocero de la Fiscalía General de la Nación.
El caso ha despertado nuevamente la atención sobre la necesidad de medidas más severas contra las redes de explotación sexual infantil en Colombia.
