“…hoy, después de ocho años de cobro del peaje, la ANI reclama que está perdiendo dinero, como si los del golfo estuviesen en el país de las maravillas…”
Iniciamos primero por saber quién es esta maquiavélica entidad. Se trata de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, del orden estatal, adscrita al Ministerio de Transporte según el decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. Pero, para que ninguno se entrometa en sus prácticas y objetivos, tiene patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, es decir, un ente estatal con objetivos distintos al servicio social del Estado.
Afirmamos lo anterior por la sencilla razón de que dentro de sus funciones está la de “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP”. Esto se observa actualmente en el país, donde sus letras muertas son un comodín para que los conglomerados privados puedan explotar nuestra infraestructura pública de transporte con el visto bueno del Gobierno Nacional.
Para ir fortaleciendo el monstruo de lo que se tenía planeado, el Gobierno Nacional creó, el 7 de febrero de 2020, el irregular llamado “Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo”, con la firma del director del Departamento Nacional de Planeación, los gobernadores de Córdoba y Sucre, y los alcaldes de Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento, Lorica, Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre.
Luego se incluyeron San Antonio de Palmito y el municipio de Tuchín. El objetivo era articular la Nación con los departamentos de Córdoba y Sucre, y los municipios anotados, con políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, y así consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país. Para ello, ya estaba en marcha la instalación del peaje La Caimanera, ubicado en el PR 41+150, entre los municipios de Tolú y Coveñas, que inició su operación de cobro desproporcionado a las 6:00 a.m. del sábado 30 de julio de 2016.
Desde ese mismo instante, 30 de julio de 2016, comenzó el sufrimiento y dolor del entorno y de las víctimas: la quiebra de pequeños y medianos empresarios del turismo, el hambre y la miseria para los vendedores ambulantes y estacionarios, el colapso del transporte intermunicipal y los particulares dejaron de pasar sus días de playa en el Golfo de Morrosquillo por los altos costos del peaje. En fin, el Gobierno Nacional, con la ANI y el peaje, en vez de consolidar el desarrollo, lo llevó al entierro total.
Para camuflar aún más el entuerto de la concesión público-privada que venía caminando por debajo de la mesa, y que hoy, después de ocho años de cobro del peaje, reclama que está perdiendo dinero, como si los del Golfo estuviesen en el país de las maravillas generando ganancias, el vicepresidente de la época, Germán Vargas Lleras, usufructuando funciones de ministro de obras públicas y director emérito de la ANI, contribuyó a aumentar la comedia con otro cuento chino sobre la integración regional que todavía no se ha dado en su totalidad, entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, con la denominada Ruta al Mar, en apoyo al Pacto Territorial por el Golfo de Morrosquillo.
Para dicha construcción vial, se firmó el contrato de concesión No. 016 del 14 de octubre de 2015, iniciando en Antioquia, exactamente en la ruta 25, en el sentido Sur-Norte, pasando por Caucasia, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y la Y, en el departamento de Sucre, con Coveñas, Tolú, Toluviejo y San Onofre, culminando en María la Baja y Cruz del Viso, en el departamento de Bolívar.
El pasado 9 de octubre de 2024, se desarrolló en la Asamblea del departamento de Sucre una de las tantas reuniones que se están llevando a cabo por la irreverente decisión de la ANI de instalar sí o sí la reubicación del peaje La Caimanera en el Golfo de Morrosquillo, exactamente entre los puntos 9 y 10 detrás de la Ciénaga La Caimanera, en la variante a Coveñas, como lo expresó el ingeniero Alexander Rey, vocero de la ANI.
Está claro: las comunidades del Golfo, los gremios, toda la clase política y administrativa de Sucre están en contra de su reubicación. El mensaje al presidente Petro es claro: NO AL PEAJE por su negativo impacto económico y ambiental. Amanecerá y veremos.
