El ex alcalde de Cartagena de Indias, William Jorge Dau Chamat insiste en que las autoridades deben dar resultados rápidos por un desfalco en las arcas del Distrito que podría ascender a más de cerca de 20 mil millones de pesos.
El escándalo de corrupción en Cartagena de Indias, que involucra la presunta malversación de más de 20 mil millones de pesos en el gobierno de Pedrito Pereira Caballero y que fue destapado por el entonces alcalde William Dau Chamat, ha tomado un giro crítico. Dau ha levantado nuevamente la voz para exigir celeridad en las investigaciones tras la denuncia presentada en agosto de 2023 contra exfuncionarios de administraciones anteriores y dos abogados.
A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta de las autoridades competentes hasta el momento ha sido insuficiente, dejando a los cartageneros con más preguntas que respuestas. La decisión de que los pagos se realizarán en efectivo y la falta de seguimiento por parte de la Alcaldía son puntos críticos que merecen ser investigados a fondo.
La trama gira en torno a una serie de títulos judiciales que fueron cobrados en efectivo por los abogados Jorge Adib Blell y Analicia Martelo, bajo la autorización del entonces ex jefe de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo Padrón. Según la denuncia, Blell cobró $10.800 millones y Martelo cobró $9.095 millones para un total de casi 20 mil millones de pesos, ambos fueron denunciados.
Según la información presentada por Dau, estos fondos debían ser incorporados al patrimonio del Distrito, pero, alarmantemente, nunca llegaron a las arcas públicas. Esta situación ha reabierto heridas en una ciudad que ya ha lidiado con múltiples escándalos de corrupción y ha alimentado el clamor de la población por justicia y transparencia.
Con el tiempo transcurriendo y sin resultados concretos en la investigación, la demanda de justicia se hace cada vez más urgente. Los cartageneros tienen derecho a saber qué sucedió con su dinero y a que se tomen medidas enérgicas contra quienes han abusado de su cargo para apropiarse de recursos públicos.
Dau insiste en que se realice un estudio patrimonial de los implicados para esclarecer un posible incremento injustificado de sus bienes, reforzando así la necesidad de una respuesta contundente y rápida de las autoridades. Sin embargo, el tiempo pasa y la inquietud crece entre los ciudadanos, que observan con escepticismo la falta de avances en un caso que podría tener repercusiones significativas en el desarrollo de la ciudad.
