La periodista Laura Ardila Arrieta, en su columna publicada el 24 de noviembre de 2024, denuncia las prácticas autoritarias y la intolerancia a la crítica del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
La periodista Ardila plantea una reflexión profunda sobre el rol del periodismo en la ciudad y las amenazas que enfrentan los periodistas al tratar de ejercer su función de fiscalización en un entorno donde el alcalde busca imponer un relato oficial y controlado de su gestión.
En su artículo, Ardila critica la reciente publicación de un “decálogo de periodismo” promovido por la Alcaldía, el cual, según ella, plantea un compromiso que va más allá de la función informativa. Al firmar el documento, los periodistas se comprometen no solo a ser optimistas y positivos sobre Cartagena, sino a hablar bien del alcalde Turbay, algo que la periodista considera incompatible con la independencia y la objetividad del periodismo. “Para comprometerse a hablar positivamente de Cartagena, léase de todo lo que haga el alcalde, está la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, no los periodistas”, señala con claridad Ardila, subrayando que el verdadero trabajo del periodista es el de vigilar, cuestionar y, en muchos casos, señalar lo que no funciona en la administración pública.
Ardila también señala otros episodios que ilustran el creciente autoritarismo del alcalde. Entre ellos, destaca un incidente reciente en el que Turbay maltrató a una turista que se quejaba por el abuso en los precios de los taxis, acusándola de mentir para ganar likes en las redes sociales. Este ataque fue seguido por una represalia del alcalde, quien envió funcionarios a presionar a la turista para que presentara una denuncia en la Fiscalía, lo que ella calificó como un acto de «acoso». Estos hechos son solo algunos ejemplos de la actitud beligerante de Turbay hacia aquellos que se atreven a cuestionarlo.
Además, Ardila menciona la utilización de tutelas por parte del alcalde para intentar silenciar voces críticas. El caso más reciente involucró a un periodista que replicó una denuncia sobre presuntos actos de corrupción vinculados a la administración de Turbay, lo que motivó una acción legal por parte del alcalde para censurar la información. La periodista sostiene que la intolerancia al disenso en Cartagena es cada vez más evidente, lo que se asemeja a situaciones vividas en otras ciudades del Caribe colombiano, como Barranquilla, donde la crítica a los poderosos es vista como una afrenta personal y, en muchos casos, castigada con ataques y represalias.
Ardila concluye su columna destacando que, aunque la oposición a Turbay no siempre se presenta de manera estructurada o bien argumentada, la preocupación central debe ser el intento de anular cualquier tipo de reflexión o disenso en la ciudad. Para la periodista, lo que está en juego es la libertad de expresión y el derecho de los cartageneros a cuestionar a sus gobernantes, algo que parece estar siendo sistemáticamente socavado por el actual mandatario, que, según ella, está imitando las estrategias de control político de otros líderes populistas y turbios contratos públicos.
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Este análisis pone de manifiesto una crítica rotunda a las prácticas autoritarias de la administración de Turbay, resaltando la importancia de un periodismo libre e independiente en la construcción de una sociedad democrática.
