El esfuerzo del gobierno de Dumek Turbay por reorientar el relato sobre Cartagena de Indias hacia una narrativa optimista y turística tiene, una intención ambivalente: mientras que busca contrarrestar la desinformación y destacar los aspectos positivos de la ciudad, también aparenta ser un intento de moldear la cobertura mediática para proteger la imagen de la administración.
El llamado “decálogo” firmado por 70 periodistas en la capacitación organizada por Corpoturismo, el Viceministerio de Turismo y la Alcaldía, pide promover “esperanza” y resaltar la “historia centenaria y el futuro promisorio” de Cartagena. Sin embargo, este tipo de directrices plantea una preocupación ética fundamental: ¿debe el periodismo someterse a lineamientos oficiales que limiten su independencia crítica?
Es evidente que hay un riesgo de confundir promoción turística con control narrativo. Mientras que la promoción de buenas prácticas y una visión positiva es válida en el ámbito turístico, pretender guiar la forma en que los periodistas abordan los problemas reales de la ciudad puede convertirse en una forma sutil de censura, especialmente en una ciudad con profundos desafíos sociales y administrativos.
El enfoque del alcalde Turbay en controlar la narrativa se refleja no solo en estos eventos, sino también en el incremento sustancial de los recursos destinados a comunicaciones. Según una investigación de La Contratopedia Caribe, la administración Turbay gastó $3.989 millones en contratación de personal para oficinas de prensa en solo cinco meses, casi triplicando el gasto del exalcalde William Dau en el mismo periodo.
Además, a esta cifra se suman más de $2.500 millones en contratos de divulgación en medios, con pagos a agencias publicitarias, grandes casas editoriales y foros mediáticos. Estas inversiones, aunque legítimas en términos administrativos, abren un debate sobre prioridades: ¿es más importante invertir en la imagen que en resolver los problemas estructurales de Cartagena, como la inseguridad, el desempleo o el deterioro de los servicios públicos?
La insistencia en comunicar una «Cartagena esperanzadora» podría ser válida si se tradujera en cambios tangibles para la ciudadanía. Sin embargo, queda la duda de si estas campañas generan un impacto real en la calidad de vida de los cartageneros o si simplemente maquillan problemas persistentes. La promoción de proyectos del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, ciudad de derechos’, mencionada por la directora de comunicaciones Adriana De la Cruz, debería ser respaldada por resultados visibles y no solo por intenciones mediáticas.
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El periodismo, especialmente en una ciudad con profundas desigualdades y múltiples desafíos, no debe ser complaciente ni subordinarse a los intereses de las administraciones de turno. Si bien el turismo es importante para Cartagena de Indias, su desarrollo debe ir de la mano de una cobertura honesta que visibilice tanto los logros como las falencias.
Importante recordar que una ciudad no se transforma únicamente a través de la narrativa. Las inversiones millonarias en comunicación solo serán justificadas si los cartageneros perciben un cambio real en su día a día. Hasta entonces, es imperativo mantener una mirada crítica sobre estas estrategias y sus verdaderos objetivos.
