Un reciente convenio firmado por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias con la Corporación Centro Cultural Colombo Americano (Unicolombo) ha generado una ola de críticas por lo que muchos consideran una mala gestión de los recursos públicos. El acuerdo, que fue suscrito el 13 de noviembre por un valor de $485.715.000, tenía como objetivo ofrecer un curso gratuito de inglés, con la promesa de avanzar desde el nivel A0 al A1. Sin embargo, la duración del programa ha sido drásticamente recortada de tres meses a tan solo 20 días, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la eficacia y transparencia del proyecto. ¿Quién aprende inglés en 20 días?
En principio, el convenio buscaba brindar a los cartageneros una formación que les permitiera mejorar sus oportunidades laborales mediante el aprendizaje del inglés, un idioma fundamental para acceder a muchos sectores de empleo en un mundo globalizado.
El programa seleccionó a 352 participantes que iniciaron clases el 25 de noviembre, con el compromiso de completar el curso este 17 de diciembre. A pesar de la reducción en el tiempo de formación, el costo del convenio se mantiene intacto, lo que genera dudas sobre la rentabilidad del mismo y sobre cómo se justifican los $340 millones que el Distrito de Cartagena ha aportado al proyecto.
La secretaria de Hacienda, María Camila, defendió la iniciativa, señalando que el curso «impulsa el desarrollo profesional de los cartageneros» y que contribuiría a reducir las brechas de empleabilidad. Sin embargo, es difícil creer que en solo 20 días de clases, los participantes puedan adquirir el nivel de inglés necesario para mejorar sustancialmente su perfil profesional. El programa, por lo tanto, no solo parece incumplir con sus propios objetivos de formación, sino que plantea la inquietud sobre la calidad del servicio que los beneficiarios recibirán por una inversión considerable de dinero público.
Además, el convenio forma parte de una serie de contratos que han levantado alarmas en el manejo de recursos en la administración del alcalde Dumek Turbay. De acuerdo con informes, el 53% de los contratos adjudicados durante los primeros meses de su gestión han sido otorgados mediante contratación directa, lo que ha generado más críticas sobre la falta de transparencia en el proceso de adjudicación y sobre la concentración de poder en manos de pocos proveedores.
Es imposible no preguntarse si la acelerada firma de convenios como este, en lugar de ser una respuesta eficiente a las necesidades de la ciudad, no es más bien un intento por cubrir huecos administrativos o, peor aún, un mecanismo para distribuir fondos sin el debido control y con nulos beneficios para la comunidad. ¿Cómo se justifica la entrega de una formación tan reducida en comparación con los estándares internacionales de educación de calidad? ¿Por qué se mantiene el mismo monto económico cuando el servicio recibido es, claramente, inferior al prometido?
En lugar de lograr que los cartageneros adquieran las herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad, este programa corre el riesgo de convertirse en un ejemplo más de despilfarro público. Los recursos destinados a la educación y el desarrollo deben ser invertidos con responsabilidad y con un enfoque real en el bienestar de la población. En este caso, la sensación es que el compromiso con la educación y el progreso de Cartagena queda, nuevamente, en entredicho.
