Todo lo que hacen y dicen, y lo que dejan de hacer y callan, Petro y su gobierno, está mal y hace daño. Con frecuencia, muchísimo daño. No hay campo en que no dejen una huella nefasta, desde la salud, la educación y las pensiones hasta la energía, el gas, la minería y el petróleo, pasando por la seguridad, las relaciones internacionales y el servicio diplomático, el aumento y el deterioro de la calidad de la burocracia y la administración pública, la debacle fiscal, el derroche, la corrupción… En fin, por donde se mire la situación es entre mala y pésima. Una policrisis en regla.
Pero el 07 de agosto del 2026 terminará esta horrible noche. No tengo duda de que el próximo gobierno no será petrista. Tampoco la tengo de que tendrá una tarea monumental y si no llega muy bien preparado, con equipos, políticas, programas y planes de acción, y alianzas políticas listas, se perderá un tiempo que no tenemos y se pagará un costo político cuantiosísimo.
Comparto acá unas ideas en materia de seguridad y lucha contra los violentos que pueden servir. El diagnóstico es rápido y basado en hechos y cifras. Los grupos violentos todos, sin excepción, son hoy más grandes, más fuertes, más ricos, y han expandido su influencia a más municipios del país. En las ciudades, la inseguridad y las bandas criminales están disparadas. Estamos inundados, como nunca, de coca. Volvieron el secuestro y la extorsión y aumentó el homicidio, según la metodología tradicional de medición y en contra de lo que dice el gobierno.
El sistema de administración de justicia es altamente ineficaz, las tasas de impunidad son enormes y la reincidencia altísima, y la Fiscal es servil a Petro. Las prisiones y cárceles controladas, al menos en parte y en algunas en todo, por los delincuentes, y el INPEC está infiltrado hasta la médula. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública desmoralizada, con un liderazgo cuestionado, sin presupuesto, con su capacidad aérea y helicotransportada muy disminuida y su inteligencia arrasada hasta los huesos, y ha desaparecido la colaboración ciudadana.
Los diálogos no han traído la paz y, en cambio, han servido para el reciclaje de los grupos violentos y sus liderazgos. Y son un incentivo perverso para más violencia. Los viejos y cansados se retiran a gozar de beneficios que no tenemos quienes jamás hemos infringido la ley y son reemplazados por nuevos cuadros dispuestos a todo para enriquecerse. Al mismo tiempo, se fraccionan una y otra vez. Mientras unos dicen desmovilizarse, otros, las “disidencias”, controlan el negocio. A los grupos violentos no queda sino combatirlos sin pausa y aplicarles la ley con rigor. Debemos apostar por el estado de derecho y la justicia. La paz no se hace con impunidad y beneficios para los criminales.
Es clave volver a poner el narcotráfico en el centro de la acción estatal. La minería ilegal y la cocaína, sobre todo esta última, son la causa y el fin de los grupos violentos que, a estas alturas, solo se mueven por su afán de lucro y han perdido toda motivación ideológica. Hay que cortar de raíz sus finanzas. Hay que volver a la erradicación (y a la fumigación aérea, si se pudiera), sin dejar de hacer énfasis en la interdicción. Atacar a fondo las finanzas y recuperar la cooperación internacional que Petro colapsó. El gobierno ha abierto unos canales de blanqueo de capitales que hay que desmontar.
Recuperar la Fuerza Pública debe ser una prioridad. Sin ella todo está perdido. Hay que cambiar las cúpulas tan pronto como sea prudente y nombrar un liderazgo nuevo que esté libre de cualquier duda sobre su cercanía ideológica a la izquierda. Su lealtad debe estar solo con la Constitución y con la nación colombiana, ajenos a la militancia política y partidista. Hay que devolverles el presupuesto necesario para cumplir sus tareas, reconstruir el poder aéreo, la inteligencia y las fuerzas especiales, y volver a implementar programas de cooperación ciudadana. Y hay que desamarrarles las manos que les ataron con los ceses del fuego. Recuperar los espacios de articulación entre las distintas fuerzas, desmontados de forma artera por Petro, es vital. En cualquier caso, hay que concentrarse en la recuperación del control territorial, perdido de manera dramática durante este gobierno. Y sí, hay que estructurar mecanismos de coordinación de la Fuerza Pública con el resto del Estado, incluyendo la administración de justicia. El control militar del área es condición necesaria pero no suficiente para asegurar el control territorial por parte del Estado.
La recuperación de prisiones y cárceles es fundamental. Acabar el INPEC, que ya no tiene remedio, es indispensable. Hay que eliminar todos los sistemas de comunicación celular, la base de la actividad delincuencial y de la coordinación criminal con las calles, incluyendo los de la guardia. Hay que crear nuevas cárceles de alta y mediana seguridad, de la mano de empresarios privados, y establecer colonias agrícolas y mecanismos de trabajo que permitan que los detenidos y prisioneros paguen por el costo que suponen para el erario público. La resocialización debe ser posible pero no puede significar que no se ejerza con severidad la función retributiva de la pena.
Finalmente, es indispensable un arduo trabajo con el sistema de administración de justicia para disminuir tanto y tan rápido como sea posible las escandalosas cifras de impunidad en materia penal y sancionar severamente la reincidencia. Será objeto de otra columna. Para todos los lectores y sus familias, mis deseos de que el 2025 venga lleno de salud y abundancia.
