Uno de los principales males que enfrentan las familias colombianas, por solo nombrar uno de los tantos problemas de nuestro país, es la informalidad laboral. Este fenómeno tiene varias aristas, y las principales, que tienen mayor responsabilidad, son del Estado y las empresas. Por parte del gobierno, no solo el de Petro, sino de todos nuestros expresidentes, no se ha implementado ni desarrollado una real política pública de empleo. Las empresas, por su parte, buscan mejorar su tecnificación desplazando la mano de obra, lo que reduce cada vez más el empleo formal.
¿Pero qué es, en síntesis, la informalidad? En palabras sencillas, son aquellas actividades de trabajo, ocupaciones y formas de producción ejercidas por personas desplazadas por la violencia, otras sin empleo que buscan la manera de generar ingresos para su núcleo familiar, o empleados que reciben salarios bajos y requieren de alternativas no reguladas por la legalidad.
La mayor informalidad en las ciudades está compuesta por los vendedores ambulantes y estacionarios, las trabajadoras domésticas, los trabajadores independientes en diferentes áreas, y en el sector rural, los campesinos que son contratados por tareas sin ninguna protección ni los derechos laborales que corresponden, ninguno de ellos con aportes a salud ni pensión.
Es normal observar, tanto en las gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas, hospitales y el Estado en su conjunto, las famosas empresas u oficinas de empleo, que sin contemplación alguna realizan despidos masivos sin previo aviso. Estas entidades, que normalmente son manejadas por políticos, contravienen sin pudor todas las normas laborales. Imponen trabajos obligatorios en tiempos fuera de la jornada laboral, salarios bajos, atrasados y sin aportes a salud ni pensión, a pesar de los excesivos descuentos que no están tipificados en la normatividad.
Lo anterior es uno de los mayores causantes de la informalidad, a pesar de que el 22 de noviembre de 2006, cuando se firmó el tratado de libre comercio entre EEUU y Colombia, los sindicatos estadounidenses, que no son de izquierda, le exigieron a nuestro país que se acabaran las famosas Empresas de Empleo, que solo explotaban a los trabajadores y no creaban empleos fijos. A pesar de ello, han pasado muchos gobiernos y la situación sigue empeorando, y nuestros sindicatos a nivel nacional y regional permanecen en absoluto silencio.
Desafortunadamente para los más pobres del país, la informalidad está incluida dentro de la llamada economía sumergida o economía subterránea. Esta es aquella que se maneja con el llamado «dinero negro», el que no paga impuestos, el que no declara renta, y que se coloca en el mismo costal de las actividades económicas ilícitas, tales como el tráfico de armas, dinero, órganos, drogas, la trata de blancas, los medicamentos, la prostitución, y muchas más, todas ellas evadiendo el pago de impuestos.
Según la OCDE, tenemos el honor de estar entre los primeros siete países de América Latina en cuanto a informalidad, y el Estado y las empresas privadas lo saben. Sin embargo, generalmente, como el Estado es político, les conviene esa informalidad, ya que es uno de los sectores de mayor acceso al engaño y las promesas en épocas electorales y, lo peor, para la compra del voto.
En esta tragicomedia laboral, Sincelejo encabeza la informalidad en Colombia con un 68.6%, dato entregado en noviembre de 2024 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), seguido de Cúcuta, Riohacha y Santa Marta. Si dicha entidad reporta tan escalofriante cifra, es porque la realidad es mucho mayor. Por tal razón, el Estado, las empresas, los sindicatos y la clase política deben entender que esto es una bomba de tiempo que debe ser detenida inmediatamente.
Es importante impulsar la pequeña y mediana industria, las microempresas familiares, los innovadores y emprendedores con créditos blandos, capacitación y mercadeo. El hambre no tiene espera.
