En la mañana de este viernes 14 de marzo de 2025, la comunidad de Crespo se movilizó en protesta contra las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Los bloqueos que se produjeron en la Avenida Santander, a la entrada del barrio, reflejan el creciente malestar de trabajadores y residentes ante los efectos sociales y laborales del proyecto. Taxistas, maleteros, pescadores y otros grupos de la zona se han unido para expresar sus preocupaciones sobre las consecuencias de la expansión de la infraestructura aeroportuaria.
La manifestación comenzó con bloqueos en el acceso principal al barrio Crespo, lo que generó una fuerte congestión vehicular que afectó tanto a la zona como a las vías cercanas. Con pancartas y consignas, los manifestantes avanzaron hasta llegar a la entrada del aeropuerto, donde continuaron su protesta exigiendo una reconsideración de las condiciones de trabajo y un plan de compensación para las familias y trabajadores afectados por las obras.
Felix Barrios García, representante del sindicato de taxistas de Cartagena, destacó la indignación de los sectores más vulnerables de la comunidad. «Hoy estamos aquí, unidos con maleteros y otros gremios, para rechazar las políticas de la multinacional encargada de la ampliación. Nos están despojando de nuestros derechos laborales y sociales, y el desalojo de muchas familias ya es una realidad inminente. No vamos a permitir que sigan pisoteando a la clase trabajadora de Cartagena».
Uno de los puntos de mayor tensión es el desalojo de más de 60 familias del sector de Crespo, directamente afectadas por el proceso de ampliación del aeropuerto. Luis González García, edil de Crespo, comentó que aunque la expropiación de las viviendas ha sido aprobada, los afectados aún no han recibido una compensación adecuada por sus propiedades. «Más de 60 familias van a ser desplazadas, luego de toda una vida en Crespo. Es inaceptable que, tras haberse prometido el traslado del aeropuerto a Bayunca, ahora se nos imponga una ampliación que afecta a nuestra comunidad de manera directa. Estamos sumamente preocupados por el futuro de nuestras familias».
El conflicto también resalta las deficiencias en las negociaciones entre los afectados y las autoridades locales. La falta de claridad sobre el valor de las viviendas expropiadas y la compensación para los desplazados genera un ambiente de incertidumbre entre los residentes de Crespo. Además, los trabajadores informales, como taxistas, maleteros, lustrabotas y pescadores, temen por sus fuentes de ingreso debido a las modificaciones en la zona.
En respuesta, el secretario del Interior, Bruno Hernández, y la secretaria general del Distrito, María Patricia Porras, se desplazaron hasta el lugar para dialogar con los manifestantes, con la intención de establecer un espacio de negociación que permita encontrar soluciones que protejan los derechos de todos los implicados. Hernández propuso establecer mesas de trabajo con los gremios afectados, las autoridades locales y la OINAC, para abordar las inquietudes de las comunidades y garantizar un proceso justo y transparente.
Aunque las autoridades destacan los posibles beneficios económicos y las nuevas oportunidades laborales que traerá la ampliación del aeropuerto, la protesta evidencia la resistencia de los sectores que no perciben estos avances como una solución a sus problemas. La ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez no solo está remodelando la infraestructura urbana, sino que está modificando una estructura social y laboral que ha sido parte integral de la identidad de Crespo durante años.
La situación permanece tensa, y las inquietudes en las comunidades afectadas siguen creciendo. Los habitantes de Crespo y los trabajadores directamente involucrados exigen que se respeten sus derechos, se ofrezca una compensación justa y se implementen medidas para proteger sus condiciones de vida y trabajo frente a un proyecto que, según argumentan, ha sido poco consultado y no se ha evaluado adecuadamente en términos de su impacto social.
La atención ahora se centra en si las autoridades escucharán las demandas de la comunidad antes de que las obras continúen.
