La semana pasada estuvo bastante movida en lo político por cuenta del rifirrafe entre el concejal Javier Julio Bejarano, el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (IDER) Campo Elías Teherán Humanez y los concejales amigos de la administración Turbay defendiéndola ‘como gato boca arriba’. No es de extrañar, ya que se comenta que el director del IDER es uno de los consentidos del alcalde Turbay.
Una de las discusiones entre Bejarano y Teherán fue alrededor de la copiosa cantidad de órdenes de prestación de servicio (OPS) que esa entidad ha celebrado. De hecho, Bejarano realizó una publicación sarcástica desde su cuenta en la plataforma ‘X’ en donde se oye a Teherán decir que no eran mil OPS sino 974, sin este siquiera percibiera lo ridículo de su afirmación. Vergonzosa la intervención de Teherán.
Simultáneamente, la semana pasada leí una publicación que Funcicar hizo desde su cuenta en ‘X’ el 13Feb2025 acerca del contrato de mantenimiento del estadio Jaime Morón y sus alrededores, que precisamente involucra al director del IDER.
Al ver las denuncias del concejal Bejarano, se me dio por echarle una mirada al citado contrato. Algo me decía que podría encontrarme con algunas sorpresas. Y no me equivoqué.
La citada contratación es el Contrato Interadministrativo 094–2025 (o CD-IDER-001–2025), celebrado entre el IDER y Edurbe el pasado 07Feb2025, cuyo objeto es la «gerencia integral del proyecto ‘mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y su área de influencia, del Distrito de Cartagena’» y un valor de casi $8,500 millones.
Con este contrato interadministrativo, el director del IDER le hizo el quite a la licitación pública de este millonario contrato, dado que Edurbe tiene otro régimen de contratación que no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), con lo cual pueden contratar literalmente a dedo a quien les plazca.
El 10Feb2025, el IDER expidió el Oficio Aclaratorio №1 del Contrato Interadministrativo 094–2025, en donde «[…] las partes identificaron que por error involuntario se cargó una versión del Anexo técnico que no correspondía a la definitiva, en atención a que se contempló dentro de los numerales 3 y 4 de dicho anexo, la interventoría como una parte dentro de la ejecución y seguimiento al proyecto contratado, obviando que las partes optaron por la celebración del contrato de gerencia integral sin inclusión de interventoría […]». Poesía pura.
Ese mismo 10Feb2025, el gerente de Edurbe, Alfonso Nieves Guerrero, envió una invitación directa a la empresa Ingenieros, Consultores y Constructores — Ingecon S.A.S (NIT 901–115–854) — cuyo representante legal es Iván Alberto Bolívar Benavides — para que realizara el proyecto que Campo Elías Teherán no quiso sacar a licitación pública.
Al día siguiente de la invitación de Edurbe (11Feb2025), Ingecon S.A.S ya tenía toda la documentación lista y se firmó el Contrato 25–0013 por un poco más de $7,900 millones. ¡A eso es lo que llamo eficiencia!
Y para que los lectores se hagan una mejor idea de cómo mientras unos nacen estrellados y otros con estrella, Bolívar Benavides en un abogado que no solo es el representante legal de Ingecon S.A.S, sino que también ha celebrado al menos tres OPS con la administración Turbay; más específicamente con Distriseguridad de Jaime Hernández Amín, otro delfín que tiene el alcalde en sus toldas. Los contratos son: CD-013–2025 (por $35.2 millones); CD-263–2024 (por $13.2 millones) y CD-127–2024 (por $17.6 millones).
Y si algunos de ustedes pensaron que el destino dejaría de alinearse perfectamente, pues no, se equivocaron. No por algo algunos llamamos a esta administración Turbay la ‘Alcaldía de las Casualidades’.
Es que a las coincidencias de que el contrato hubiera sido a dedo, o de que no tuviera interventoría, o de que Ingecon S.A.S tuviera listos todos los documentos para el contrato en un día, o de que su representante legal es contratista de Distriseguridad se suma una mayor: la aparición de Saray de Jesús Cantillo Pautt.
Esta sí que fue una gran sorpresa, ya que pensaba que Saray había desaparecido del panorama luego de que fuera reemplazada de la representación legal de Acciona Inversiones e Ingeniería S.A.S (NIT 901–467–553) doce días después (04Sep2024) de mis denuncias en la columna “La contratación en Cartagena durante la era Turbay: ¡’HABANSAMOS’!” publicada el 23Ago2024. Los actuales representantes legales de Acciona son Diego Alejandro López Páez y Tatiana Margarita Cardona García.
Los documentos de Ingecon S.A.S., matriculada en Cámara de Comercio de Cartagena el 15Sep2017, cuentan una historia que va más allá de que el abogado Bolívar Benavides es el representante legal. El expediente de la empresa indica que Yunis Milagro Mier Cantero era la socia única. Mier Cantillo es una ingeniera civil que en el 2024 celebró dos OPS con la Secretaria de Infraestructura Distrital de Cartagena de Wilmer Iriarte Restrepo: CD-SID-5251–2024 y CD-SID-0663–2024 (ambos con una duración de cuatro meses y un valor de $17.6 millones).
Sin embargo, en el año 2022, Yunis desaparece como accionista y es reemplazada por Iván Bolívar Benavides y Saray Cantillo Pautt. La última modificación accionaria de Ingecon S.A.S se dio ocho días antes de la firma del Contrato 25–0013 con Edurbe. Saray es actualmente la accionaria mayoritaria de Ingecon S.A.S con un 60%.
¿Quién es Saray de Jesús Cantillo Pautt?
Lo que he podido establecer es que se graduó en el 2023 de Técnica Profesional en Procesos Administrativos del Colegio Mayor de Cartagena y tiene una hermana llamada María de los Ángeles, quien solía trabajar en la Defensoría del Pueblo (Contratos CD-798–2022 y CD-902–2021) y que fuera residente del barrio San Francisco en Cartagena.
En lo referente a su vida profesional, lo que puede concluirse es que sus escasos 22 añitos no han sido impedimento para que haya pasado de promocionar “Vicky’s Cakes” por su canal de YouTube en el año 2023, cuando era solo una estudiante, a celebrar multimillonarios contratos públicos de construcción en los años 2024 y 2025.
Como recordarán mis lectores, en la columna “La contratación en Cartagena durante la era Turbay: ¡’HABANSAMOS’!” se referenció una serie de contratos que algunas dependencias de la Alcaldía de Cartagena celebraron el año pasado, en donde Saray apareció como la representante legal tanto de la empresa Acciona Inversiones e Ingeniería como del Consorcio Infraplayas.
El Consorcio Infraplayas, contratista de Edurbe (cuando la gerente era Fanny Guerrero Maya), estaba conformado por la empresa sincelejana Obressa S.A.S (NIT 901–440–358, cuyos representantes legales eran Ever José Salgado Salgado y Mary Luz Arrieta Álvarez) y la cartagenera Gestión AR Profesionales y Consultores S.A.S (NIT 901–687–832, que antes se llamaba Bolívar Profesionales Asociados S.A.S y cuyos representantes legales son Sara Lucía Ortega Jiménez y María Alejandra De la Cruz Durán).
La joven Cantillo Pautt también es la representante legal principal de Alsoda S.A.S (NIT 901–768–643). Y la historia de Saray no acaba ahí, ya que la documentación de Alsoda S.A.S y Gestión AR Profesionales y Consultores S.A.S revela algunas personas detrás de estas empresas y su posible relación con una fundación ‘donante’ y una funcionaria de la Alcaldía de Cartagena.
Por ejemplo, en documentos de Alsoda S.A.S aparece Andrés Felipe Díaz Ochoa, quien fuera personero del municipio de Córdoba (Bolívar) entre el 01Mar2020 y el 29Feb2024, y que luego se convertiría en contratista de la Dirección Administrativa de Talento Humano (DATH) de Cartagena, cuya directora es Yira Morales Castro. Los contratos son el CD-DATH-8014–2024 (por $12 millones) y el CD-DATH-4104–2024 (por $30 millones).
Por su lado, Gestión AR Profesionales y Consultores S.A.S celebró cuatro contratos con la Alcaldía de Cartagena: SA-DAAL-009–2024 (por $456,442,733), MC-DAAL-011–2024 (por $129,998,000), MC-DATH-SG-005–2024 (por $69,710,000) y MC-SICC-004–2024 (por $88,900,000). Gestión AR ha celebrado múltiples contratos con varias entidades públicas (p.ej., con los municipios de Mahates y Clemencia, IDER, Colegio Mayor de Cartagena, Cardique) y entidades sin ánimo de lucro (ESAL), tales como la Fundación Pilares Sociales (NIT 900–877–191).
La Fundación Pilares tiene como socios fundadores a Manuel Antonio Sedán Ayola, Jairo Rafael Piña Aguilar y Lina Marcela Piña Aguilar. Los socios adherentes de la fundación son Glenda Patricia Carmona Martínez, María Victoria Cardona García (quien parece que es hermana de Tatiana Margarita Cardona García, la representante legal de Acciona) y Luis Guillermo Pájaro Ortega. Este último es un abogado amigo del concejal Carlos Barrios Gómez. Una fuente me comenta que, si su memoria no le falla, cree que Pájaro Ortega fue contratista del Fondo de Pensiones Territoriales de Cartagena (Fonpecar) cuando Barrios Gómez fue su director administrativo.
Y cuando pensaba que las sorpresas habían terminado, en la documentación de la Fundación Pilares aparecen dos personajes que le dan un giro inesperado a esta historia: Jair Bautista Barboza (representante legal de FUNTECS; sí, el de la Cuadrilla del Alcalde) y Karen Patricia Morales Castro, hermana de la directora de Talento Humano, Yira Morales Castro, y, por supuesto, contratista del IDER (CPS-IDER-178–2025, CPS-IDER-110–2024 y CPS-IDER-083–2024).
Sabía que sería cuestión de tiempo para que el gerente de Edurbe, Alfonso Nieves Guerrero, comenzara a mostrar las costuras.
El éxito empresarial de la veinteañera Saray Cantillo Pautt es todo un misterio. Y dado que Nieves Guerrero no tiene reparo en andar dándole eco a las publicaciones difamatorias de su amiga y contratista de la Alcaldía de Cartagena, Fany Pachón Rodríguez, creo que no tendrá objeciones en aclararle a los cartageneros quién es la socia mayoritaria de la empresa a la que él, como gerente de Edurbe, le adjudicó a dedo un contrato por más de $7,900 millones.
Ñapa
Como parte de mis lectores sabrá, a Nieves Guerrero lo tengo denunciado desde noviembre del año pasado por las conductas punibles de injuria (Art. 220 del CPC), calumnia (Art. 221 del CPC), injuria y calumnia indirectas (Art. 222 del CPC) y violación de datos personales (Art. 269F del CPC); denuncia que comparte con sus amigos Fany Pachón Rodríguez y el profesor del programa de ingeniería civil de la Universidad de Cartagena, Alfonso Arrieta Pastrana.
