La desaparición de Tatiana Hernández, ocurrida el pasado 13 de abril en Cartagena de Indias, dejó al descubierto una falla inaceptable: la inoperancia de las cámaras de seguridad en uno de los sectores más transitados de la ciudad. Mientras el sol y el turismo siguen vendiendo la imagen de una Cartagena alegre y segura, detrás de esa postal se oculta una alarmante realidad: la infraestructura de vigilancia urbana está abandonada a su suerte.
Tatiana fue vista por última vez en la Avenida Santander. Allí, junto a las piedras bañadas por el mar, quedaron su bolso, su celular y sus sandalias. Lo que no quedó fueron imágenes. La cámara de seguridad que pudo haber sido clave para entender su desaparición estaba fuera de servicio desde 2016. Ocho años de inactividad. Ocho años en los que una herramienta básica para proteger a los ciudadanos permaneció inservible, sin que nadie levantara la voz ni exigiera su reparación.
Esta ausencia de registros visuales no es una casualidad; es un síntoma. Un síntoma de cómo Cartagena ha relegado la seguridad de muchos de sus espacios públicos a un segundo plano. La ironía es amarga: la misma ciudad que se proyecta internacionalmente como un destino turístico seguro, ni siquiera garantiza el mínimo soporte tecnológico para proteger a sus propios habitantes.
La respuesta institucional, aunque diligente al activar la Alerta Rosa y ofrecer una recompensa, llega tarde ante un error estructural. Porque cuando más se necesitaba evidencia para encontrar a Tatiana, la ciudad simplemente no pudo ofrecerla. No había cámaras. No había registros. Solo silencio.
Esta situación también revela una profunda desigualdad: las cámaras que funcionan, que vigilan y que resguardan, parecen estar reservadas para ciertos sectores privilegiados de la ciudad. Mientras tanto, otros espacios, igualmente vitales, son condenados al abandono. La Avenida Santander —puerta de entrada al turismo y paso diario de miles de cartageneros— no debería haber estado fuera de ese radar de protección.
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La desaparición de Tatiana Hernández no puede verse como un hecho aislado, ni como una tragedia personal. Es una denuncia viva contra la desidia, la negligencia y la falta de planificación urbana. No podemos seguir normalizando la inactividad de herramientas que deberían ser vitales para la seguridad pública. No podemos permitir que otra familia busque respuestas donde lo único que se encuentra es el eco del vacío.
Cartagena necesita mucho más que promesas y postales bonitas. Necesita una revisión profunda de su infraestructura de vigilancia. Necesita cámaras que funcionen. Necesita sistemas de protección que no distingan entre zonas de lujo y zonas comunes. Necesita, sobre todo, una administración que entienda que cada rincón debe ser seguro, porque cada vida cuenta.
Mientras Tatiana sigue desaparecida, Cartagena también pierde una parte de sí misma: su compromiso con la seguridad de todos.
