Cartagena de Indias sigue envuelta en escándalos administrativos. El caso de Amílkar Venecia Barrios —señalado de actuar como asesor de la Secretaría del Interior sin contar con contrato ni vínculo laboral con el Distrito— vuelve a encender las alarmas. Esta vez, bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, tras una entrevista virtual realizada este viernes 2 de mayo por el CTI al ingeniero Álvaro González, denunciante del caso.
La diligencia, realizada por Google Meet y ya en poder del despacho competente, marca un nuevo capítulo en una historia que podría sacudir los cimientos de la Administración Distrital. González, ingeniero cartagenero radicado en el exterior, aportó nuevos elementos que refuerzan su denuncia por usurpación de funciones públicas, inicialmente archivada por la Fiscalía 63 Seccional de Cartagena.
Durante la entrevista, el ingeniero González expuso cómo Venecia Barrios habría participado activamente en reuniones claves para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital, incluso apareciendo en actas oficiales como delegado de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana (SICC), pese a que —según respuesta oficial de la Alcaldía— no existe contrato, resolución ni nombramiento que lo respalde.
Entre las pruebas presentadas se incluyen:
- Un acta de reunión con comunidades afrodescendientes, donde Venecia figura como delegado de la SICC.
- Su nombre —con error tipográfico— en los créditos del documento técnico del Plan de Desarrollo.
- Fotografías en las que porta prendas institucionales del Distrito.
- La negativa oficial de la Alcaldía a entregar actas de consejos de seguridad de 2024, en los que se presume también habría participado.
La denuncia inicial fue archivada por la fiscal Karina Pérez Jiménez sin valorar a fondo las pruebas aportadas. González logró la reapertura del caso a través de una acción de tutela, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la gestión del ente investigador. “No se necesitaban nuevas pruebas para reabrir el caso; el material inicial era robusto y claro”, afirmó.
La nueva etapa del proceso está en manos de la Fiscalía 60 Seccional, liderada por la fiscal Danelis Sánchez Pimienta, quien deberá esclarecer si Venecia actuó con autorización informal, si hubo omisión institucional o si este caso es apenas la punta del iceberg de una red más amplia de irregularidades administrativas.
Aunque el nombre del alcalde Dumek Turbay aparece de forma tangencial —debido a que Venecia tuvo vínculos con el Instituto de Cultura durante su gobernación (Contrato 020 de 2018)—, el documento centra sus cuestionamientos en la permisividad institucional que habría permitido su participación no oficial en espacios sensibles del poder local.
El caso también abre un debate de fondo sobre el papel del Ministerio Público y el cumplimiento de la Ley de Transparencia (1712 de 2014). González denuncia que varias dependencias distritales han bloqueado el acceso a documentos claves, lo que podría estar entorpeciendo la labor investigativa y vulnerando el derecho ciudadano a la información pública.
En una Cartagena golpeada por escándalos de contratación, inseguridad y desconfianza institucional, el caso Venecia se perfila como una prueba de fuego no solo para la Fiscalía, sino para toda la estructura administrativa distrital.
- En contexto lea: https://724noticias.com.co/2025/03/27/zona-de-candela-el-contratista-fantasma-de-la-alcaldia-de-cartagena/
¿Hubo usurpación de funciones públicas? ¿Quién lo permitió? ¿Y por qué fue archivado un caso que hoy parece más encendido que nunca?
