Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, miembro de la cúpula de las Farc y condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos de ese país, recibió amnistía por parte de la JEP por 20 delitos que, en Colombia, le habrían significado 40 años de prisión.
Se trata de una amnistía simbólica, con la que se termina de cerrar el círculo de impunidad que el Acuerdo Farc–Santos otorgó a los cabecillas de esa organización. A Palmera aún le faltan por cumplir 40 años de condena en Estados Unidos, sin que haya prosperado ni la solicitud de indulto presentada por Juan Manuel Santos ante el primer gobierno de Trump —por exigencia de las Farc— ni la más reciente, promovida por Gustavo Petro ante la administración Biden.
Palmera está vinculado a otros procesos, entre ellos el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo y la masacre de Bojayá, los cuales, según la JEP, “pasan a una instancia de evaluación muy rigurosa” para determinar si le otorgan amnistía o lo vinculan como responsable en un macrocaso.
¡Qué más da! El resultado final será el mismo: impunidad disfrazada de “justicia restaurativa”, la misma que hoy disfrutan sus antiguos camaradas sentados en el Congreso. Ayer mismo, la JEP firmó un convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con una asignación inicial de 50 mil millones de pesos, para que los mayores asesinos, secuestradores, reclutadores y violadores de niños cumplan sus penas en libertad, cómodamente, a través de proyectos de memoria, reparación simbólica y otras veleidades. Lástima la platica, que tanta falta hace en los proyectos productivos del campo.
Esa es la JEP: han pasado siete años y todavía necesita una “evaluación rigurosa” para establecer si crímenes tan atroces son amnistiables y si uno de los máximos cabecillas tiene responsabilidad. El juicio de Palmera en EE.UU. duró cuatro semanas.
“El país nunca volverá a ser el mismo”, afirmó en 2018 el entonces comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, cuando la cúpula de las Farc compareció ante la JEP en la apertura del Caso 01 sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Tenía razón: siete años después, el país no es el mismo… es peor. En buena parte, por el mensaje de impunidad que transmite esta justicia transicional, diseñada al gusto y medida de las Farc.
Esa es la JEP, que ni siquiera se esfuerza por guardar las apariencias ante sus evidentes sesgos. Además de las 9.700 amnistías otorgadas por Santos entre 2017 y 2018, ha tramitado 4.238 más hasta febrero de 2025, pero no ha dictado una sola sentencia condenatoria.
Un estudio de la ONG Hijos de los Héroes reveló que el esfuerzo comunicacional de la JEP se concentra en los casos contra la Fuerza Pública, particularmente en el macrocaso 03 (falsos positivos), mientras poco se difunde sobre el macrocaso 01, que investiga secuestros y otros crímenes de las Farc. El gasto también es desproporcionado: $851,9 millones para difundir el macrocaso 03 y apenas $170,1 millones para el caso 01.
Esa es la JEP, que entre 2018 y 2024 le ha costado al país 2,4 billones de pesos, y que con el presupuesto aprobado para 2025 superará los 3,2 billones, con 13 años de vida por delante.
Esa es la JEP, que se conforma con la “reparación simbólica” y guarda un silencio cómplice frente a las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y el drama de más de 18.000 niños reclutados y abusados por las Farc.
Esa es la JEP, que amnistía a Simón Trinidad solo para dejarle claro al país que su justicia es más de lo mismo: impunidad. @jflafaurie
