La bomba apenas comienza a estallar. A medida que se deshilacha el velo institucional de la administración de Dumek Turbay, nuevas evidencias apuntan a que no se trata de una simple omisión, sino de una estrategia sistemática para abrirle paso —por la puerta trasera— a actores ya sancionados por la justicia disciplinaria y fiscal.
El caso de Patricia Zapata Negrete, exalcaldesa local de Cartagena y actual subdirectora de participación ciudadana del Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC), representa mucho más que un nombramiento irregular. Es un símbolo vivo de cómo se normaliza la reincidencia en la función pública.
Los registros actualizados del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) son contundentes: Zapata Negrete sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos desde el 17 de octubre de 2024, como resultado de un proceso de responsabilidad fiscal que le impuso una sanción de $532.467.414,58. Tampoco figura constancia de pago ni exclusión del boletín.
Esto, según el Concepto 269841 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública, configura una inhabilidad automática, vigente hasta que se salde la deuda o la Contraloría la retire oficialmente del boletín. Sin embargo, Zapata no solo sigue en el cargo, sino que aparece frecuentemente en publicaciones oficiales del IDACCC y en sus propias redes, como si nada pasara.
Como si la presencia de una funcionaria inhabilitada no fuera suficientemente alarmante, ahora se suma un nuevo componente que ha puesto a hervir los corredores políticos del Distrito: Los millonarios contratos que ha firmado su hija Angélica Patricia Fortich Zapata con la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena, algunos se relacionan a continuación:
Contrato No. CD-SHD-0849-2025
- Duración: 04Feb2025-03Oct2025
- Valor: $32M
Contrato No. CD-SHD-6443-2024
- Duración: 17Sep2024-31Dic2024
- Valor: $11.4M
Contrato No. CD-SHD-3150-2024
- Duración: 23Abr2024-22Ago2024
- Valor: $15.2M
¿Estamos frente a un caso de nepotismo disfrazado de legalidad? ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Existió realmente un estudio de antecedentes? ¿O simplemente se trató de devolver favores del pasado a través de la contratación paralela?
- Turbay en silencio
Hasta ahora, la administración de Dumek Turbay ha guardado silencio sepulcral. Ni una palabra sobre quién avaló la contratación de Zapata, ni sobre la OPS a su hija. Tampoco hay respuesta sobre los responsables de verificar antecedentes ni sobre los protocolos de control interno que, evidentemente, han sido burlados.
La pregunta obligada es: ¿A cuántos más con deudas fiscales se les ha abierto la puerta en esta administración? Y más aún: ¿Quién protege a Patricia Zapata? ¿Y por qué?
La historia de Zapata Negrete podría ser solo la punta del iceberg. La ciudadanía cartagenera merece saber:
- ¿Quién le firmó el contrato a Patricia Zapata Negrete sabiendo que tiene una millonaria deuda y una inhabilidad vigente?
- ¿Quién está revisando los contratos?
- ¿Cuántas OPS similares están circulando?
- ¿Cuántas personas inhabilitadas están trabajando bajo la sombra de otros nombres?
- ¿Qué papel juega el director del IDACCC en esta contratación? ¿Sabía? ¿Miró para otro lado? ¿O recibió orden directa desde más arriba?
- ¿Dónde está la Contraloría? ¿Y la Procuraduría? ¿Van a actuar o están silenciadas por conveniencia?
Cartagena no puede seguir siendo el laboratorio de la trampa y el atajo. Este escándalo exige respuestas claras, investigaciones independientes y, sobre todo, acciones inmediatas. Porque si hoy una funcionaria inhabilitada y su hija pueden tener cabida en el gobierno, ¿Qué impide que mañana cualquier sancionado vuelva como si nada?
