“…El paso de la RAP a la RET no significa federalismo. Ya está bueno el centralismo asfixiante que cargamos como lastre desde 1812…”
A Colombia le ha llegado el turno —y la obligación— de efectuar profundos cambios político-administrativos que la sociedad viene reclamando desde hace décadas. Hoy, ante las marchas de diferentes sectores, los amagos de paro y las graves situaciones de orden público, se hacen evidentes problemas que solo pueden solucionarse desde las regiones. Porque está claro: cada región tiene sus propias realidades.
El gobierno del presidente Petro debe abanderar el fortalecimiento de la capacidad de gasto y recaudo en los departamentos. Este es un tema que ha sido debatido por años, donde la mayoría de ciudadanos respalda la descentralización, frente a las minorías enquistadas en las poltronas del gobierno central que hacen todo lo posible por mantener el control del dinero desde Bogotá, para así centralizar también la corrupción.
Por ello, urge la transformación de las actuales Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) —esquemas de asociación entre dos o más departamentos para gestionar y planificar recursos— hacia verdaderas Regiones Entidad Territorial (RET), con personería jurídica, autonomía financiera y capacidad real de implementar políticas públicas propias, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
Las RAP no son nuevas. Existen desde la Constitución de 1991, pero deben evolucionar de lo asociativo a lo decisorio. Las RET deben contar con estatutos claros, objetivos concretos y alejarse de intereses politiqueros que buscan solo beneficios partidistas. Su construcción debe ir de la mano de la participación ciudadana, vigilante y activa, que impida el saqueo de los recursos públicos. Su foco debe ser el empleo digno, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la protección de la diversidad.
Repetimos: el paso de la RAP a la RET no implica federalismo. Ya es hora de acabar con el centralismo asfixiante que arrastramos desde 1812, cuando se decidió que el poder político y económico debía concentrarse en una sola ciudad. De lo que se trata ahora es de lograr una verdadera autonomía regional, donde nuestras entidades territoriales participen con mayor fuerza en la riqueza nacional.
Ya es hora de reformar la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) para darle vida plena a la Ley 1962 de 2019, que es un paso firme hacia una mayor autonomía y descentralización territorial. Debemos dejar atrás los argumentos trasnochados que acusan a los municipios y departamentos de ser nidos de corrupción, cuando en realidad el centralismo ha sido su principal aliado. Es precisamente por eso que se requiere una descentralización acompañada de veedurías sólidas, una fiscalía independiente y órganos de control verdaderamente eficaces, que hagan imposible para los corruptos apropiarse del dinero de los contribuyentes.
El camino hacia la RET no será fácil. Ya lo explicamos: el centralismo agobia. Por eso, las Asambleas Departamentales deben actuar con coherencia y otorgar cuanto antes las facultades a los gobernadores de los siete departamentos que hoy integran la RAP Caribe. Solo así podrá avanzarse para que el vocero de los mandatarios radique el proyecto de Ley Orgánica ante el Congreso de la República y haga el cabildeo necesario para su aprobación.
Es bien sabido que el presidente Petro tiene sus reservas políticas frente a algunos gobernadores y alcaldes que no son de su línea ideológica. Pero cuando se gobierna, se hace para toda la nación. Los entes territoriales no pueden seguir siendo limosneros. Se trata de descentralizar el poder… y hacerlo sin corrupción.
