La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra el exgobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, como presunto responsable de graves irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), suscrito durante su mandato el 5 de junio de 2017.
El contrato, con un valor inicial de 18.983 millones de pesos, tenía como propósito suministrar complemento alimenticio a estudiantes de colegios oficiales en los 25 municipios del departamento. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el proceso contractual avanzó sin una planeación adecuada y estuvo plagado de anomalías.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Ausencia de estudios previos técnicos y serios.
- Inconsistencias en los pliegos de condiciones de la licitación.
- Evaluaciones sesgadas por parte del comité evaluador, que habrían favorecido a un proponente que no cumplía con los requisitos establecidos.
A pesar de estas fallas, el contrato fue adjudicado y ejecutado, lo que derivó en una ampliación del plazo de ejecución, que pasó de 104 a 146 días, y un aumento sustancial del presupuesto por conceptos como administración, personal de apoyo e interventoría. El valor final del contrato ascendió a 27.387 millones de pesos, es decir, más de 8.400 millones por encima del monto inicial.
Además, se estableció que el contrato fue liquidado en marzo de 2018 sin contar con las firmas del supervisor ni del propio entonces gobernador, lo que constituye otra irregularidad en su ejecución.
Por estos hechos, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Martínez Romero del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso representa un nuevo capítulo en los múltiples escándalos de corrupción que han rodeado la ejecución del PAE en distintas regiones del país.
