La Guajira, ese rincón de Colombia colmado de cultura, historia y riqueza ancestral, hoy vive uno de sus capítulos más oscuros. Atracos a plena luz del día, asesinatos selectivos, extorsiones sistemáticas, secuestros cada vez más frecuentes y el miedo como único acompañante de quienes habitan este territorio. Lo más alarmante no es solo el recrudecimiento de la violencia, sino la pasividad con la que el Gobierno Nacional ha observado —y tolerado— el desmoronamiento del orden público en esta zona estratégica del norte del país. Mientras los delincuentes hacen lo que se les viene en gana, los ciudadanos sienten que han sido abandonados a su suerte.
En municipios como Maicao, Riohacha, Fonseca, San Juan del Cesar, y hasta en las zonas rurales más apartadas, el crimen ha dejado de ser una amenaza esporádica para convertirse en una constante diaria. Comerciantes extorsionados, ganaderos secuestrados, estudiantes asaltados, familias desplazadas. Todo bajo la mirada indiferente de un gobierno que se ha limitado al discurso, sin traducir sus promesas en acciones concretas. La sensación de orfandad institucional es abrumadora.
Frente a esta realidad, se hace urgente y vital la implementación de un plan integral de seguridad que articule a todas las autoridades: militares, policiales, administrativas y civiles. Este plan no puede ser un simple documento de escritorio ni una estrategia centralista diseñada desde Bogotá por quienes desconocen el terreno. Debe surgir desde el conocimiento del territorio y con la participación activa de quienes lo viven, lo sufren y, sobre todo, lo conocen. Coordinar acciones entre La Guajira, el Cesar y el Magdalena no es solo una buena idea: es una necesidad imperiosa. La criminalidad no reconoce límites departamentales, y por ello la respuesta del Estado tampoco puede fragmentarse por razones políticas o geográficas.
Ya no basta con fortalecer el pie de fuerza; hay que dotarlo, respaldarlo y liderarlo con una estrategia clara, sostenida y contundente. La Guajira no puede esperar a convertirse en el próximo Cauca o Catatumbo para que el país reaccione. Y para evitar ese destino, se requiere una ofensiva institucional coordinada, que combine inteligencia militar, operatividad policial, justicia efectiva y una decidida intervención del gobierno central. Porque sí, el crimen se combate con fuerza, pero también con inversión social, educación, presencia del Estado y oportunidades reales.
En este sentido, la voz del teniente coronel (r) Roberto de Jesús Castillo Rodríguez, veterano de la Fuerza Pública, resuena como un clamor cargado de autoridad y experiencia. Su llamado al Gobierno Nacional, a los mandatarios regionales y a los comandantes de las fuerzas armadas no es una advertencia catastrofista: es una alarma fundamentada. Quienes han recorrido estos territorios con botas, sol, polvo y sudor saben mejor que nadie cómo opera el crimen organizado, cómo se infiltra, cómo corrompe y cómo destruye. Y también saben que, si no se actúa con contundencia, La Guajira puede caer definitivamente en manos de quienes ya la están usando como corredor de economías ilegales, paso de armas, ruta de narcotráfico y escenario del microtráfico urbano.
La otra gran herida abierta en el departamento es la corrupción, que se ha enquistado como un cáncer en sus instituciones. Gobernantes improvisados o cooptados por intereses oscuros han sido cómplices —por acción u omisión— del deterioro institucional. Las comunidades indígenas siguen siendo instrumentalizadas, los recursos públicos se evaporan sin control y la pobreza, en vez de reducirse, se multiplica. La corrupción es, en La Guajira, tan letal como las balas que siegan vidas inocentes. Y mientras tanto, el Estado sigue sin garantizar ni seguridad ni dignidad.
Por eso, el llamado no puede ser más urgente ni más necesario: La Guajira necesita presencia estatal real. No comisiones técnicas pasajeras, no planes piloto que fracasan al primer cambio de administración. Se requiere voluntad política, inversión sostenida, fortalecimiento de la Fuerza Pública, decisiones valientes y articulación interinstitucional. No más diagnósticos; ya sabemos qué está pasando. Ahora lo que hace falta es actuar.
Porque si algo está claro es que La Guajira no merece ser olvidada ni condenada al abandono. Este departamento, tierra de héroes como el almirante Padilla, debe ser defendido con toda la fuerza de la Nación. Que la historia no nos cobre con sangre y destrucción lo que hoy no supimos prevenir. Que La Guajira no sea una crónica anunciada de otra región secuestrada por el crimen, sino el ejemplo de cómo un país, cuando actúa unido, puede recuperarse del abismo.
