Prevaricar no es un error menor. Es un delito. Así, sin eufemismos. Es actuar conscientemente en contra de la ley, faltar a la verdad, violentar la justicia y burlar la ética pública. Es lo que, sin sonrojarse, han hecho el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. Dos mandatarios que, en lugar de dar ejemplo de legalidad, se pasean impunes por el terreno del delito. ¿Hasta cuándo vamos a seguir normalizando esta desfachatez institucional?
El alcalde Turbay firmó —sí, firmó— el nombramiento de Patricia Zapata Jiménez como subdirectora del Instituto Distrital de Acción Comunal. Lo hizo a pesar de que sobre ella pesa una sanción fiscal de $532 millones de pesos, impuesta por la Contraloría General de la República por irregularidades cometidas cuando fue alcaldesa de la Localidad 3 en 2016. Está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Y aún así, fue nombrada y posesionada. ¿Acaso la Alcaldía de Cartagena se volvió un refugio para sancionados?
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Pero el descaro no termina ahí. En la Gobernación de Bolívar, el gobernador Yamil Arana, también se saltó la ley a su antojo. Nombró como director de IDERBOL a Ariel Enrique Zambrano Meza, el mismo que tiene una millonaria sanción fiscal vigente debido a sobrecostos y manejos irregulares en la compra de kits alimentarios durante la pandemia del COVID-19, cuando era subdirector de la UNGRD. ¿Premiar a un sancionado con un cargo público? Solo en Bolívar ¿y las autoridades de control? Bien, gracias.
Fiscalía, Procuraduría, Contraloría: todas mudas. La impunidad camina por los pasillos del poder, se sienta en los escritorios oficiales y firma decretos con sello de ilegalidad. ¿Dónde están los filtros? ¿Quién responde por permitir que funcionarios inhabilitados tomen posesión? ¿Quién revisa, valida, alerta?
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Este no es un error administrativo. Es un acto criminal, cometido con plena consciencia y sin el menor reparo. Lo más grave es que no pasa nada. Se denuncia, se documenta, se publica… y nadie actúa.
El mensaje es claro: en Bolívar y Cartagena, el delito se administra con traje y corbata y mientras tanto, la ciudadanía, cansada de tanta burla, sigue esperando que la ley no sea una ficción y que la ética pública no se quede atrapada entre discursos vacíos y decretos ilegales. ¿Será mucho pedir justicia, decencia y respeto por el servicio público?
