Sur de Bolívar – La guerra sin cuartel entre el ELN y el Clan del Golfo ha sumido al sur de Bolívar en una emergencia humanitaria que ya supera los 12 días de bloqueo total. Más de 5.000 personas permanecen confinadas, atrapadas en medio del fuego cruzado, sin alimentos, combustible ni transporte.
La situación es dramática. El paro armado decretado por el ELN paralizó por completo la vida en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, ubicados en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo. Lo que comenzó como una disputa territorial, se ha convertido en un cerco inhumano que amenaza con desatar una tragedia silenciosa.
La Defensoría del Pueblo confirmó el confinamiento masivo y lanzó una alerta urgente al Gobierno Nacional para que intervenga de manera inmediata. “Instamos a los grupos armados ilegales a cesar toda conducta que ponga en riesgo la vida e integridad de la población civil”, señaló la entidad.
Además, exigió la presencia activa de la Unidad de Víctimas y una respuesta humanitaria urgente por parte del Estado, antes de que el abandono convierta esta crisis en una catástrofe.
Desde Bolívar, la denuncia es contundente. El secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío, no ocultó su indignación por la inacción del Ejecutivo: “Nos han dejado solos, sin herramientas para enfrentar esta situación tan compleja. El Ejército Nacional responde al presidente, no a las alcaldías ni a las gobernaciones”.
En paralelo, las fuerzas militares intentan retomar el control del territorio. El General William Prieto, comandante de la Primera División del Ejército, confirmó enfrentamientos recientes que han dejado un soldado muerto y siete heridos tras ataques con explosivos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue más allá en su denuncia al calificar las acciones de estos grupos armados como crímenes de guerra. “El ELN, las disidencias criminales y el Clan del Golfo están bloqueando corredores humanitarios, provocando hambre deliberadamente y usando drones y explosivos para intimidar a comunidades enteras”, afirmó.
También denunció que esta región está siendo devorada por la codicia criminal por el oro, en una lucha despiadada por el control de la minería ilegal.
“Atacar a la población civil, aislarla, desabastecerla para imponer el miedo, no solo es cobarde: es una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. Estamos presenciando una barbarie”, concluyó el ministro.
