La violencia en Colombia se ha convertido en una metástasis que se expande sin freno. Lo que antes parecía una enfermedad focalizada en regiones como el Catatumbo o el Cauca, ahora avanza sin pudor hacia el sur del departamento de Bolívar. Municipios como Arenal y Santa Rosa del Sur, tradicionalmente olvidados por el Estado, se han convertido en nuevos escenarios del conflicto armado, donde grupos narcoterroristas libran una batalla silenciosa pero feroz por el control territorial. ¿Mientras tanto, el gobierno nacional que hace? Nada, su mirada está puesta en Gaza,
En esta nueva ola de violencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha encontrado en el oro un negocio incluso más rentable y discreto que la coca. Las minas del sur de Bolívar, muchas de ellas de explotación informal, han sido tomadas por la fuerza o por la extorsión, generando desplazamientos, miedo y sometimiento en las comunidades mineras. Las armas ya no apuntan solo a sembrar terror: ahora custodian retroexcavadoras, controlan socavones y recaudan “vacunas” con sello criminal.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, no se ha quedado callado. En un gesto de responsabilidad institucional y desesperación regional, alertó públicamente que esta situación no era nueva, que ya se había advertido al gobierno nacional sobre la penetración del ELN en los municipios mineros del sur del departamento. Su declaración fue clara: “no más consejos de seguridad ni promesas vacías, necesitamos acciones ofensivas y contundentes contra los narcoterroristas”.
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Pero desde Bogotá, la respuesta ha sido tibia. Mientras el país arde en múltiples frentes, el gobierno nacional parece más interesado en comentar conflictos internacionales que en atender la emergencia humanitaria y de seguridad en su propio territorio. La paz total, esa bandera que el presidente Petro ondea con insistencia, parece haber sido secuestrada por la ingenuidad o, peor aún, por la complicidad. La estrategia de diálogo a cualquier costo ha dejado amplios territorios sin presencia efectiva del Estado, permitiendo que grupos ilegales se reorganicen, se fortalezcan y expandan sus negocios criminales.
Hoy, Santa Rosa del Sur vive bajo un paro armado decretado por los ilegales. Comercios cerrados, transporte paralizado, población atemorizada. El Ejército ha informado el ingreso de 300 hombres para enfrentar la situación, pero más allá del despliegue momentáneo, lo que se necesita es una política sostenida de seguridad, inversión social y presencia institucional. No se combate al narcoterrorismo con comunicados ni con arengas pacifistas, sino con una verdadera inteligencia militar, justicia eficaz y compromiso real con las regiones.
El sur de Bolívar no es un caso aislado. Es parte de una estrategia delictiva de expansión geográfica. A medida que las autoridades concentran sus esfuerzos en departamentos tradicionalmente conflictivos, el crimen se desliza hacia zonas menos vigiladas, repitiendo el patrón de control social, explotación ilegal de recursos y alianzas con bandas criminales.
Resulta preocupante que mientras la ciudadanía exige soluciones, el discurso oficial siga atrapado en el romanticismo de una paz que no existe. El ELN, igual que otros grupos armados, no están interesados en desmovilizarse; están ganando tiempo, acumulando poder y diversificando sus fuentes de ingreso. La minería ilegal en Bolívar, como en el Chocó, el Cauca o Nariño, es hoy uno de los principales motores del conflicto armado.
Colombia no puede seguir ignorando la metástasis. Cada departamento que cae bajo el dominio criminal representa no solo una pérdida territorial, sino también un retroceso institucional. No basta con enviar tropas cuando el daño ya está hecho. Es urgente un rediseño completo de la estrategia de seguridad, que entienda que sin orden no hay paz, y que, sin Estado presente, el vacío siempre lo llenará el crimen.
Bolívar, tierra de historia y resistencia, no merece ser el nuevo epicentro del abandono. Arenal, Santa Rosa del Sur y sus comunidades deben ser defendidas no solo con fusiles, sino con políticas públicas efectivas y una voluntad política firme.
