El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la condena a 60 años de prisión contra tres personas responsables del incendio en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Gamarra, ocurrido el 28 de octubre de 2023, que dejó como saldo una funcionaria muerta y seis personas heridas.
La víctima fue Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar administrativa de 43 años, madre soltera de dos hijos, de 13 y 7 años. La mujer murió atrapada en el baño del edificio mientras buscaba refugio del fuego que consumía las instalaciones, tras un ataque violento perpetrado por una turba. Según el dictamen forense, su muerte fue causada por inhalación de humo o quemaduras, y fue clasificada como homicidio.
Los condenados son: Yuberlis Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, declarados culpables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio, en hechos que ocurrieron a pocas horas del inicio de las elecciones regionales en Colombia.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los atacantes actuaron motivados por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó por fuera de la contienda electoral a un candidato local, quien fue inhabilitado por firmar contratos estatales mientras representaba a la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar y Cesar (Agromol).
En medio de la protesta, el grupo ingresó violentamente a la sede de la Registraduría. Según el expediente judicial, Peña Oliveros y Bermúdez Rubiano transportaron gasolina en un coche de bebé, mientras que Castro Torrado y otros hombres recibieron el combustible y lo usaron para prender fuego al inmueble, donde varios funcionarios aún se encontraban trabajando.
El ataque dejó además seis personas heridas, entre ellas la registradora municipal, su auxiliar y dos uniformados de la Policía Nacional.
En mayo de 2025, un juzgado penal especializado de Valledupar emitió la primera condena. Ahora, la decisión fue ratificada en segunda instancia, confirmando la máxima pena contemplada por la legislación penal colombiana, que contempla hasta 60 años de prisión para casos de homicidio agravado y otros delitos conexos.
Las autoridades advirtieron que este fallo sienta un precedente en defensa de la institucionalidad electoral y la protección de la vida de los servidores públicos.
