Colombia continúa ensombrecida por el dolor y el luto nacional. La fría realidad golpea con fuerza y trae consigo la amarga sensación de que nuestra historia se repite, como si la violencia se empeñara en ciclarse sobre los mismos capítulos trágicos. Esta vez, la víctima ha sido el senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un joven político que representaba para muchos una esperanza de renovación y decencia en la política nacional. Su asesinato no solo es un golpe devastador para su familia y amigos, sino para todo un país que, una vez más, ve cómo se apaga la vida de quienes se atreven a soñar con una Colombia mejor.
Lo más doloroso es que este crimen no se da en un contexto aislado. El ambiente hostil que desde el propio Gobierno se ha sembrado contra la oposición, la retórica incendiaria que divide entre «ellos» y «nosotros», y la constante incitación al odio político, han creado el caldo de cultivo perfecto para que surjan este tipo de tragedias. No se trata de acusaciones al aire: cuando desde el poder se estigmatiza a quien piensa distinto, cuando se normaliza el lenguaje que degrada y señala, tarde o temprano la violencia cruza la frontera de lo verbal a lo irreparable.
Hoy, un padre entierra a su hijo. Ese mismo padre ya había vivido la tragedia de enterrar a su esposa, víctima del narcotráfico. La historia se repite con una crueldad casi insoportable. No hay consuelo que alcance, ni palabras que logren explicar el dolor de esa familia, que se convierte en un espejo del dolor de miles de familias colombianas que han perdido a los suyos a manos de la violencia política.
La ausencia del presidente Gustavo Petro en el sepelio y en los actos fúnebres fue evidente. Y paradójicamente, fue mejor así. Su presencia hubiera sido interpretada, con razón, como una provocación y una afrenta a la memoria del senador. Su ausencia, más que un gesto de respeto, parece el reconocimiento tácito de que en esta tragedia hay una responsabilidad política que no puede evadirse. Por fin, un acto de prudencia y vergüenza, aunque insuficiente frente a la magnitud del daño causado.
Este asesinato es, en esencia, un crimen de Estado. No porque haya sido ejecutado directamente por agentes estatales, sino porque se ha gestado en un contexto político envenenado, promovido y tolerado por quienes tienen la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos. La función primordial de cualquier gobierno es garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, y en este caso, el Estado ha fallado de manera estrepitosa.
No podemos permitir que este crimen se sume a la larga lista de magnicidios sin justicia. La historia nos ha mostrado que, cuando caen las piezas más pequeñas del tablero, los verdaderos responsables suelen permanecer intactos, en las sombras. Así fue con Jorge Eliécer Gaitán, con Luis Carlos Galán, y ahora con Miguel Uribe Turbay. Y no olvidemos que también se intentó con Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuántos más deben caer para que el país entienda que esta no es una simple confrontación política, sino una amenaza real a la democracia misma?
El asesinato de Miguel Uribe no es solo un golpe a un partido o a una corriente ideológica; es un golpe a Colombia entera. A la posibilidad de debatir sin miedo, de disentir sin que ello signifique una sentencia de muerte. Es la evidencia de que, mientras el Gobierno siga alimentando el odio y dividiendo al país en bandos irreconciliables, todos estamos en riesgo.
Hoy, el clamor es uno solo: justicia. No una justicia a medias, no un culpable menor para tranquilizar a la opinión pública. Justicia plena, que alcance a los autores intelectuales, a quienes instigaron, financiaron o se beneficiaron de este crimen. Porque de lo contrario, este será solo otro capítulo más en la crónica de impunidad que tanto ha marcado nuestra historia.
El país que despidió a Miguel Uribe con solemnidad, entre lágrimas y banderas a media asta, merece algo más que discursos vacíos. Merece un Gobierno que entienda que gobernar es unir y no dividir, proteger y no amenazar, escuchar y no estigmatizar. Mientras eso no ocurra, seguiremos enterrando no solo a nuestros líderes, sino las esperanzas de un futuro en paz.
Colombia está herida. Y las heridas que deja el odio no las cura el tiempo: solo las sana la verdad, la justicia y un compromiso real con la vida. Hoy, la pregunta que nos queda es si tendremos la valentía de exigirlo hasta las últimas consecuencias.
