Colombia amaneció este viernes 22 de agosto con una mezcla de dolor e indignación tras los recientes atentados ocurridos en Cali y Amalfi, que han dejado un saldo trágico de víctimas civiles y uniformados, profundizando la crisis de seguridad en distintas regiones del país.
En Cali, la capital del Valle del Cauca, se vivió uno de los peores episodios de violencia reciente. Un atentado con carro bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez dejó al menos 6 personas muertas y 76 heridas, muchas de ellas de gravedad. Las autoridades confirmaron que uno de los presuntos responsables ya fue capturado.
El secretario de Gobierno de Cali, Diego Fernando Hau, rechazó con contundencia el ataque y cuestionó lo que calificó como una creciente permisividad del Gobierno Nacional frente a los grupos armados ilegales. En declaraciones para el programa 6AM Hoy por Hoy, Hau criticó lo que considera una falta de respuesta proporcional del Estado frente a quienes continúan atentando contra la población. «La persona que ha sido capturada, como posible delincuente terrorista, tenía brackets, lo que quiere decir que tiene tiempo suficiente y tranquilidad para ir al médico, para sentarse dos horas con un odontólogo a mejorar su sonrisa», afirmó Hau, subrayando que este tipo de detalles contradicen la narrativa de que estos actores armados operan exclusivamente desde zonas selváticas.
El funcionario también hizo un llamado a revisar las ayudas y beneficios que estarían recibiendo miembros de grupos ilegales, asegurando que estas políticas deben estar acompañadas de una firmeza institucional que impida que se aprovechen del sistema.
Mientras tanto, en Amalfi, Antioquia, la situación también es alarmante. Un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, presuntamente con un dron armado, en medio de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. El ataque dejó 12 uniformados muertos, y ha sido atribuido a disidencias de las FARC y otros grupos armados que operan en la región.
Estos hechos han generado una creciente preocupación nacional por el recrudecimiento de la violencia y los constantes desafíos a la seguridad pública, especialmente en zonas estratégicas del país. La ciudadanía, líderes regionales y analistas piden al Gobierno Nacional acciones más contundentes, inversiones en tecnología militar y una estrategia clara para enfrentar esta nueva ola de ataques.
