Desde Amalfi, Antioquia, llega una noticia profundamente dolorosa: el jueves 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado presuntamente por un dron mientras apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, causando la muerte de 12 uniformados. Así lo reportó el Mayor Ricardo Andrés Moreno Perdomo, comandante de operaciones en Caucasia. Esta información coincide con reportes de medios nacionales e internacionales, que destacan la gravedad de un ataque que golpea directamente al aparato de seguridad del Estado colombiano.
Entre las víctimas se encontraban funcionarios con distintas responsabilidades: guías caninos, artilleros, exploradores, fusileros, el comandante de la operación, Nicolás Stivens Ovalle Contreras, y el piloto, Mayor Mateus Ovalle Carlos. Cada nombre representa una vida truncada, una familia en duelo, una pérdida irreparable. Y, sin embargo, la respuesta oficial ha sido percibida por muchos como insuficiente, burocrática y sin la contundencia que exige la situación.
Surge entonces una pregunta que resuena con indignación en amplios sectores de la ciudadanía: ¿se está haciendo todo lo necesario para proteger a nuestros policías y militares? ¿Dónde está el Presidente Gustavo Petro? ¿Dónde está el Ministro de Defensa?
Este no parece ser un hecho aislado ni una acción improvisada. De acuerdo con informes de inteligencia y análisis de seguridad, disidencias de las FARC —bajo el mando de alias Calarcá— y otros grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, estarían utilizando drones como herramientas de ataque. Desde abril de 2024 se han registrado más de 300 incidentes similares en regiones con alta presencia de cultivos ilícitos, con un saldo trágico de al menos 22 uniformados asesinados. Esto evidencia una ofensiva sistemática, que pone en entredicho la capacidad de respuesta tecnológica y operativa del Estado.
El ataque en Amalfi ocurrió poco después de la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, lo que podría sugerir una retaliación. Esto abre interrogantes legítimos sobre la preparación de las misiones de erradicación: ¿por qué se siguen utilizando helicópteros con más de 30 años de uso, sin sistemas de protección actualizados ni tecnología antidrón? ¿Por qué no se cuenta con un respaldo logístico acorde con los riesgos conocidos de estas operaciones?
No se trata de una tragedia aislada. Casos similares en Guaviare (2020), Cauca (2021) y Nariño (2022) reflejan un patrón preocupante: aeronaves atacadas, hombres muertos, respuestas institucionales tardías y una sensación de olvido que se repite. Pareciera que el Estado no ha tomado medidas suficientes para evitar que estos hechos se repitan.
En paralelo, el Presidente continúa impulsando su proyecto de “paz total”, un objetivo que muchos comparten, pero que debe ir acompañado de garantías reales de seguridad para quienes arriesgan la vida en el terreno. Sin esas garantías, hablar de paz sin asegurar la vida de policías y militares podría interpretarse como una falta de equilibrio en la política de seguridad nacional.
Sí, se activó la red hospitalaria tras el ataque. Pero eso, aunque necesario, es apenas una respuesta tardía. Lo que el país necesita con urgencia es inversión sostenida en modernización de la flota aérea, tecnología antidrón, inteligencia satelital, blindajes adecuados y protocolos de defensa efectivos. No se puede librar una guerra del siglo XXI con herramientas del siglo pasado.
La indignación que hoy sentimos debe canalizarse en una exigencia legítima y democrática: que se actúe con decisión y responsabilidad. No podemos permitir que estos 12 uniformados pasen al olvido como simples cifras. Su sacrificio merece memoria, justicia y acciones concretas, no promesas aplazadas.
Señor Presidente, señor Ministro de Defensa: el país les demanda claridad, liderazgo y acciones contundentes. ¿Responderán con hechos o con comunicados? ¿Habrá decisiones a la altura de la crisis o seguiremos lamentando nuevas tragedias? Porque mientras no se actúe, a Colombia la siguen matando.
