Millonarios contratos firmados en la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena destapan un entramado de irregularidades que combina estudios de riesgo con graves deficiencias, una firma digitalizada presuntamente falsificada y vínculos políticos oscuros. En el centro del huracán está la supervisora Sandra Bacca Piñeros, quien tras advertir las anomalías terminó convertida en la única investigada por la Contraloría Distrital, en lo que analistas califican como una auténtica cacería de brujas.
- Las sombras de la contratación pública en Cartagena vuelven a encender la polémica. Dos millonarios contratos de la Secretaría de Planeación Distrital —uno por más de $4.254 millones y otro cercano a $8.254 millones— revelan un entramado de irregularidades.
En mi columna de la semana pasada (‘Contratos en la mira: la Alcaldía de Cartagena y el poder oculto del “Clan de los Sisbenizados”’) develé irregularidades en dos contrataciones a cargo de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena (SPD) liderada por Camilo Rey Sabogal, quien es profesor de la Universidad de Cartagena y anda de licencia mientras ostenta el cargo de secretario.
- Contrato Interadministrativo No. 011 de 2022 entre la SPD y Edurbe por un costo de un poco más de $4.254 millones y se inició durante el periodo del exalcalde William Dau, cuando el gerente encargado de Edurbe era Iván Quintero Banda, quien sería luego reemplazado en el 2023 por María Verónica González Flórez. Sin embargo, Quintero Banda continuó en su cargo en la parte financiera de la misma entidad.
- Contrato No. CMA-SPD-001-2024 entre la SPD y el Consorcio Mitigación 2025 por un valor inicial de casi $8.254 millones y se inició en el 2025 y cuyo responsable directo es el secretario Camilo Rey.
El objeto del primer contrato es «ejercer la gerencia integral para realizar los estudios básicos de riesgos (EBR) como insumo necesario para la revisión del plan de ordenamiento territorial (POT) del Distrito de Cartagena». El segundo, que en teoría debía tener como base el primer contrato, se enfocaría en la «elaboración de estudios detallados orientados a determinar la categorización del riesgo de inundación y establecer las medidas de mitigación correspondientes para cinco (5) zonas del Distrito de Cartagena de Indias».
Como supervisora para ambos contratos se nombró inicialmente a Sandra Bacca Piñeros (empleada de planta de la SPD), lo que, a la postre, se le convertiría en una pesadilla, al punto que la Contraloría Distrital de Cartagena le abrió una investigación por responsabilidad fiscal que parece más bien una ‘cacería de brujas’ en la que aparentemente estarían involucrados el ente de control, funcionarios y asesores de la Alcaldía de Cartagena y contratistas de Edurbe.
A continuación, relataré varios hechos de tal manera que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones.
Del contrato interadministrativo entre Edurbe y la SPD (Contrato 011-2022) para los estudios básicos, Edurbe contrató a su vez a la empresa R&L Environmental Engineering Solutions SAS, a través del Contrato No. 22-0010 del 2022. El representante legal de R&L es Rodgers Rincón Rocha, un ingeniero con quien, si la memoria no me falla, hablé brevemente una vez en mi oficina cuando yo dictaba clases en una universidad en Cartagena hace ya unos cuantos años.
Después de unos cuantos meses de haber empezado los estudios básicos, Bacca Piñeros empezó a notar deficiencias en los entregables del contrato, tal y como quedó documentado en múltiples oficios enviados tanto a Edurbe como los demás interesados.
En diciembre de 2024, la Contraloría Distrital de Cartagena en cabeza de Ángela Cubides González y Hernando Pertuz Corcho como director técnico de auditoría fiscal le enviaron al alcalde Dumek Turbay, a través del oficio DC-OF-EX-101-19-12-2024, un informe preliminar en donde lo ponen en conocimiento de la actuación de fiscalización por hechos denunciados por el exconcejal condenado César Pión González por los recursos invertidos en adelantar las actividades del POT.
Por otro lado, Edurbe empleó a Hermes Martínez Batista como supervisor técnico para el contrato de estudios básicos que firmó con R&L (Contrato 22-0010). Dentro de todas las deficiencias y anomalías encontradas por Sandra Bacca, hay un hecho no menor que la supervisora afirma: que ella no firmó un acta de recibo final expedida por Edurbe. Dice que alguien utilizó su firma digital sin su consentimiento.
Esta situación tiene varios cabos sueltos que no cuadran y que a la Contraloría de Angela Cubides y Hernando Pertuz no le pareció sospechosa. Lo crean o no, resulta que hay dos documentos expedidos por Edurbe con fecha de 30Abr2023, en donde se recibe a satisfacción los productos del contrato de estudios básicos. Permítanme explicarles queridos lectores:
- El 01Jun2023, mediante el oficio EDU-ESP-0552-2023, la entonces gerente de Edurbe, María Verónica González Flórez, le hizo llegar al exsecretario Franklin Amador y a Sandra Bacca una copia de un documento de asunto «concepto de recibido a satisfacción de los productos finales del contrato 22-0010» firmado solamente por Hermes Martínez donde este recibe a satisfacción todos los entregables de R&L.
El segundo documento es un acta de recibo final, en donde puede leerse que el 30Abr2023 se reunieron Rodgers Rincón y Hermes Martínez con el fin de recibir a satisfacción los productos del contrato. Pese a que en ninguna parte se menciona la presencia de Sandra Bacca Piñeros, esta aparece firmando el acta.
Y hay algo que hace aún más contradictorio el tal visto bueno de Bacca Piñeros. Sucede que, en un informe final de supervisión del contrato realizado por ella siete meses después (noviembre de 2023), se develaron todas las deficiencias a subsanar de manera cronológica desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, en donde Bacca advierte que «se presentan observaciones y no conformidad de los resultados del fenómeno amenazante Avenidas Torrenciales en los Estudios Básicos de Riesgo elaborados por EDURBE S.A. Pese a las observaciones presentadas no fueron tenidas en cuenta para el resultado presentado del producto esperado».
A la Contraloría Distrital tampoco no le pareció singular que Bacca Piñeros, en abril de 2023, supuestamente recibió a satisfacción unos entregables del contrato. Sin embargo, en noviembre del mismo año ella realizó un informe en donde da cuenta de lo que queda pendiente a subsanar. Esto tiene especial relevancia porque Bacca afirma: (a) que el formato que se usó para el recibido no corresponde al del Sistema Único de Gestión de Documentos (CertiCO) y (b) que alguien usó su firma digital sin su autorización, lo cual, de comprobarse, configuraría un delito.
Luego de leer todos los informes generados por Sandra Bacca opino que realizó su trabajo a cabalidad, cuidando los intereses de los cartageneros. Por supuesto, eso, ante un contratista visiblemente mediocre, se convierte un problema, ya que atrasa los pagos y la terminación del contrato. En otras palabras, Bacca parece que era considerada un estorbo que había que quitar del camino.
Y hay razones para especular que se trataría de una ‘cacería de brujas’. Presten atención. En la Contraloría Distrital está Angela Cubides (de quien el exalcalde William Dau afirmó que supuestamente es una ficha de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca) y Humberto Pertuz, quien fue director del IDER en la alcaldía del condenado Manolo Duque Vásquez. Manolo es primo de José Julián Vásquez Buelvas, cuya hermana Margarita también trabaja en la Contraloría Distrital. Hilsaca y Vásquez, según se dice, son cercanos al alcalde Dumek Turbay.
Por el lado de Edurbe y el contratista R&L también hay algunas coincidencias. Guilliam Barboza Miranda y Enovaldo Herrera Meléndez hicieron parte del equipo de R&L. El primero es ingeniero geotecnista y profesor de la Universidad de Cartagena. El segundo es otro ingeniero civil contratista de la Secretaría de Infraestructura desde el 2024 (ordenes de prestación de servicios que suman $148.05 millones); esta secretaría está a cargo de Wilmer Iriarte Restrepo, también profesor de la Universidad de Cartagena y a quien tengo denunciado por diferentes conductas punibles en la Fiscalía relacionadas a procesos de contratación pública.
Pues bien, Guilliam Barboza, Enovaldo Herrera y Hermes Martínez no solo son amigos, sino que han trabajado en múltiples proyectos juntos para la Universidad de Cartagena, varios dirigidos por el docente de la Alma Mater, Alfonso Arrieta Pastrana, a quien también tengo denunciado en la Fiscalía por las conductas punibles de injuria, calumnia y violación de datos personales. Asimismo, Herrera y Martínez han trabajado para la empresa de Hidroconsultores, de la cual Arrieta Pastrana es socio. Es más, Hermes trabajó directamente para Guilliam del 2016 al 2017. Pregunto: ¿Quién vigila a quién?
Lo curioso es que Hermes Martínez, Rodgers Rincón ni Franklin Amador (ordenador del gasto para la época del contrato) están vinculados al proceso que adelanta la Contraloría Distrital por responsabilidad fiscal del contrato de los estudios básicos. La única vinculada es Sandra Bacca. Y para rematar la posible encerrona que le hicieron a Bacca, Francisco Castillo González, hoy asesor para asuntos ambientales de la Alcaldía de Cartagena, en otrora fue consejero temático del condenado César Pión, quien fue el que puso la denuncia ante la Contraloría Distrital. Demasiadas casualidades para mi gusto. Como decía mi abuela: «que entre el diablo y escoja».
En la próxima entrega profundizaré en las inconsistencias financieras del contrato de los estudios básicos y del Contrato Interadministrativo 070 de 2022, suscrito entre la SPD y Edurbe. En este caso, el secretario Camilo Rey Sabogal actuó como supervisor por parte de la Planeación Distrital, mientras que Hermes Martínez lo hizo por Edurbe. Lo más grave es que, aparentemente, nunca se entregaron los productos contratados. A diferencia del contrato de los estudios básicos, en este proceso no se trasladaron recursos a la fiducia, lo que impediría abrir un hallazgo fiscal a pesar de las irregularidades detectadas.
