La segunda parte de esta investigación revela cómo una red de contratistas ligados al Sisben estaría consolidando su influencia en los millonarios contratos de la Alcaldía de Cartagena. ¿Cómo operan, quiénes están detrás y qué impacto tiene en los recursos públicos?
Aunque he estado en pausa vacacional, regreso con un tema candente: al alcalde Dumek Turbay Paz se le ve cada vez más envalentonado, protegido por una sospechosa pasividad cómplice de entes de control, jueces y organismos de investigación que parecen mirar para otro lado. Sin embargo, los procesos en Fiscalía avanzan y ya fui citado a ampliar denuncia. El reloj corre y tarde o temprano los indiciados tendrán que rendir cuentas en indagatoria. Ahí es cuando, como dice el adagio, la puerca torcerá el rabo.
En medio del desangre que vive la ciudad, los asesinatos no paran de crecer y Turbay, aquel que en 2023 hacía politiquería contando muertos y exigiendo renuncias a William Dau, hoy se esconde en la excusa barata de culpar al gobierno nacional. Un alcalde mediocre, pusilánime y oportunista, que pretende manipular a la opinión pública con un aparato de comunicación pagado, medios complacientes e “influencers” de dudosa reputación. Pero Cartagena no olvida: cada trino y cada publicación suya lo persiguen como prueba irrefutable de su cinismo y doble discurso.
Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Cuentan que dizque el secretario de Planeación de Cartagena, Camilo Rey Sabogal, habría dimitido de su cargo hace ya varias semanas, pero que parece que el infantil y mentiroso alcalde Turbay, con su ego sensible, no querría ser comidilla de sus detractores y por eso no se habría formalizado la renuncia.
Por otro lado, el cuasi exsecretario, luego de un año y ocho meses en su cargo, pasará a la historia por una gestión más bien mediocre, lo que confirma lo que varios ya vaticinábamos desde su nombramiento. Rey Sabogal se le conocía en la plataforma ‘X’ por sus mapitas temáticos hechos en sistema de información geográfico (SIG), lo que, supongo, hizo que muchos pensaran que el tipo era apto para el cargo. A propósito, cualquiera que sepa de SIG sabrá que hacer un mapa temático no tiene mucha ciencia.
El pasado 23Jun2025, escribí la columna ‘Los contratos de la Alcaldía de Cartagena y el «Clan de los Sisbenizados»’ en donde develé numerosas irregularidades que surgieron al inspeccionar los documentos presentados por el Consorcio Mitigación 2025, al que le adjudicaron la licitación CMA-SPD-001-2024 mediante la Resolución No. 9101 por un valor cercano a los $8.254 millones, y cuyo objeto es la «elaboración de estudios detallados orientados a determinar la categorización del riesgo de inundación y establecer las medidas de mitigación correspondientes para cinco (5) zonas del Distrito de Cartagena de Indias».
Descubrí que Luis Gabriel Villanueva Diago figuraba como el autor de algunos de los documentos que presentó el citado consorcio. La presencia de Villanueva es extraña, ya que él no aparece como miembro de ninguna de las dos empresas/entidades que conforman al consorcio (cuyos miembros son Pablo Eugenio Castilla Negrete y la Asociación de Hombres de mi Tierra, la cual tiene domicilio en el Carmen de Bolívar, de donde es oriundo el alcalde Turbay). Esto sugiere que Villanueva y otras personas formarían parte de una presunta red de empresas que operarían en conjunto para hacerse de contrataciones públicas de Cartagena, y quizás con la connivencia de funcionarios de la Alcaldía de Cartagena.
El nombre de Luis Villanueva Diago permitió llegar a otras personas jurídicas y naturales, tales como: Tend Construcciones y Servicios SAS, VIBA SAS, Constructora Middas SAS, Avantiz SAS, Consulting Work SAS, Petrochem Field Services Colombia SAS, Itaca Ingeniería SAS, Construcciones y Consultorías AC SAS, Guadis Reales Rivera, Amalia Garrido Ramírez, Álvaro Ballestas Arrieta, Jhoiser Manjarrez Gari, Hernán Daza Romero, Gustavo Rodríguez Tapia, Rafael Dáguer Escobar, Alfonso Mendoza Castillo, Eduardo Cárcamo Buelvas, Mayra Torres Guillén, Ray Gutiérrez Tinoco, José Monterroza Serrano, Miguel Vides Correa, Jeffry Orlando Marsiglia, Briyan y Vanessa Santoya Becerra, Jorge y Amaury Cabaleiro Delgado, Enrique Chiquillo Rico y Alexander Martelo Muñoz. Muchas de estas personas están afiliadas al Sisben, lo cual es particularmente escandaloso.
Además del posible entramado expuesto arriba luego de escudriñar la documentación del consorcio ganador del proceso licitatorio CMA-SPD-001-2024, podría haber otras irregularidades en las que quizá estarían involucrados el mismísimo secretario Camilo Rey y la Unidad Asesora de Contratación (UAC) del Distrito. Se trataría de cambios en requisitos y la hoja de vida y posición de una persona que hace parte de la empresa Pablo Eugenio Castilla Negrete.
La cosa sería así: el pliego de condiciones presentado en la licitación incluye una condición que no fue señalada en el anexo técnico de los estudios previos, más específicamente la «elaboración de estudios y evaluación de riesgos o elaboración de planes de ordenamiento sobre lecho marino o fluvial». Pero, además de esta condición que parece hecha a la medida, todo indicaría que la Unidad Asesora de Contratación (UAC, a cargo de Carlos Mario Ordosgoitia Liñán) habría eliminado el numeral nueve del anexo técnico enviado por la Secretaría de Planeación, más específicamente en lo correspondiente al perfil profesional mínimo, con lo que se perdía la garantía de idoneidad para un concurso de méritos.
De otra parte, también en lo concerniente al equipo técnico, es preciso mencionar los argumentos de la solicitud de revocatoria a entes de control y a la Alcaldía de Cartagena hecha el 17Dic2024 por la firma “AITEC”, que señaló lo que a su parecer era el evidente cambio de uno de los perfiles profesionales, lo cual quedó documentado de la siguiente manera:
«[…] en observaciones realizadas al informe de evaluación preliminar dejamos expuesto que el profesional propuesto para el cargo de Especialista en sistemas de Información Geográfica Jeyk Galván Pinedo NO cumplió con los requerimientos mínimos habilitantes, tal como es aceptado por el Consorcio Mitigación 2025, en su subsanación quien PRETENDE aportar un nuevo profesional para el cumplimiento del requisito planteado por el pliego de condiciones… Aportar un NUEVO profesional por parte del oferente es ACEPTAR que lo aportado en su oferta inicial NO CUMPLE con los requisitos del pliego de condiciones, pero pretender abusar de la buena fe del comité evaluador sería atentar contra los principios de igualdad, transparencia, responsabilidad y equidad que rigen la contratación pública estatal amparada en artículo 23 de la Ley 80 de 1993 […]» (sic).
El 16Dic2024 se dio la adjudicación del proceso licitatorio CMA-SPD-001-2024 al Consorcio Mitigación 2025. Jeik Galván aparecía como el representante legal principal del Consorcio. No obstante, para el 24Ene2025, la representación legal pasó a manos de Pablo Castilla Negrete, quien había certificado personalmente la experiencia de los 16 profesionales expertos en riesgos de su equipo.
De acuerdo a una fuente, el secretario Rey Sabogal habría sido sospechosa y extremadamente diligente en el pago del contrato, supuestamente cediendo incluso ante una llamada del jefe de la UAC, quien, al parecer, fue contactado por Pablo Castilla al ver demorada la aprobación de su primera cuenta. Por otro lado, cuenta también la fuente que no existiría interventoría, sino que se le asignó esa labor a un profesional de la misma Secretaría de Planeación. Todo esto, de ser cierto, mostraría que Camilo Rey sería un títere más.
Lo anterior recuerda los constantes debates que se dieron sobre los estudios básicos de riesgo, que deberían servir al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el 2023, los cuales se usaron de insumo de los estudios detallados de inundación del proceso licitatorio CMA-SPD-001-2024. A propósito de los estudios básicos, en la página del Secop II puede evidenciarse que todavía no han liquidado el contrato con Edurbe, lo que generaría una situación delicada en materia fiscal en virtud de la denuncia que interpusiera César Pion antes de su salida del Concejo de Cartagena, quien en ese entonces tenía de consejero temático al hoy asesor para asuntos ambientales de la Alcaldía de Cartagena, Francisco Castillo González. Castillo fue un crítico de las propuestas de actualización del POT durante el periodo del exalcalde Dau.
Todo sugiere que Castillo González, aprovechando el fuero de su cargo actual, habría no solo dilatado la liquidación de los estudios básicos contratados a través de Edurbe, sino también pasado por alto el rol de la supervisora encargada de la Secretaría de Planeación, ya que se contrató a un asesor externo para verificar el concepto técnico de la supervisión. El contratista coincidió en la parte técnica con el concepto de la supervisora de la Secretaría de Planeación. Sin embargo, el problema radica en la parte fiscal relacionada a la no liquidación del contrato de Edurbe y la necesidad de devolución de recursos a las arcas distritales.
Actualmente hay un proceso en la Contraloría Distrital de Cartagena por los hechos expuestos arriba (Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 013-2025). El informe preliminar del ente de control, pese a que se basó en los informes brindados por la misma supervisión, no habría logrado probar cuál fue la actuación ineficaz de la supervisora (de la Secretaría de Planeación) que generó la responsabilidad fiscal, más allá del giro de recursos que la funcionaria realizó a la fiducia.
El 23Dic2024, a través del Oficio AMC-OFI-0182942-2024, en respuesta al informe preliminar de la Contraloría, el secretario Camilo Rey omitió referenciar el informe generado por la supervisión y, en cambio, solicitó que se vinculara al responsable fiscal de la época (el exsecretario de Planeación) y a la supervisora del contrato de Edurbe, para que ejercieran su derecho a defensa. A la fecha no se ha vinculado al exsecretario Franklin Amador. ¿Por qué se vinculó a la supervisora y no a su jefe directo? Adivina adivinador.
Como caso curioso está que este proceso fue abierto y notificado en abril de 2025. Luego se le asignaron defensores de oficio y citación a versión libre en el mes de mayo. Curiosamente, en julio, se negó la solicitud de pruebas. Pero lo que sería aún más particular es que la Contraloría Distrital habría ordenado a la Alcaldía de Cartagena la suspensión de la supervisora, presumiblemente, sin el lleno de los requisitos. Es más, la suspensión se dio a pesar de que la supervisora fue reubicada en otra dependencia por fuera de la Secretaría de Planeación, lo que supone que no sería un riesgo para la investigación que lleva a cabo la Contraloría.
Para rematar, en el mes de enero de 2025, Juan Correa Reyes renunció a su cargo de coordinador del proceso de actualización del POT, tristemente sin avances significativos en esta materia. Muchos enredos han tenido este POT y sus estudios asociados, por lo que cabría preguntar si es que todo se debería a que lo que habría detrás son intereses particulares y de parte del gremio empresarial de la construcción.
Mientras tanto, la ciudad sigue sin una carta de navegación y a merced de la especulación inmobiliaria, la violación de normatividad ambiental y la falta de conocimiento del riesgo o avances en su mitigación para hacerla menos vulnerable al cambio climático. ¿Será que traerán ahora a Jaime Correa Vélez? Correa Vélez es un viejo conocido de la ciudad.
Por último, aprovecho para preguntarle a Camilo Rey si, luego de casi dos años, ha valido la pena exponerse tanto al ser miembro del gabinete de un alcalde tan cuestionado por presuntos actos de corrupción como Dumek Turbay.
En la próxima entrega más detalles del contrato de los estudios detallados de la categorización del riesgo de inundación (CMA-SPD-001-2024).
