- Este caso expone una preocupante negligencia institucional y una tolerancia al incumplimiento de la ley que pone en duda el compromiso del Distrito con el Estado de derecho.
Un señalamiento en redes sociales puso en evidencia un hecho que podría convertirse en un escándalo institucional: mientras el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, protagonizaba ante las cámaras el regaño a un presunto agresor capturado, una contratista de su despacho tiene vigente una orden de arresto desde hace más de un año.
La denuncia fue hecha por el ingeniero Álvaro González, residente en Estados Unidos, a través de la red social X (antes Twitter). En su publicación, González criticó duramente lo que calificó como un “show mediático” del funcionario, al tiempo que reveló un hecho más delicado: una persona vinculada a la Secretaría del Interior está siendo requerida por la justicia desde hace más de un año sin que las autoridades hayan actuado.
“El @secinteriorctg (Bruno Hernández) mediático e inepto y el títere que tenemos de comandante de la Policía de Cartagena regañando al capturado. La ironía del hecho es que Bruno tiene contratada a Fany Pachón Rodríguez, quien tiene orden de arresto desde hace un año”, escribió González en su cuenta @AGonz_212.
La persona mencionada en la denuncia es Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista de la Secretaría del Interior, quien según documentos judiciales fue sancionada con tres días de arresto por desacatar un fallo de tutela emitido el 28 de febrero de 2024. La sanción fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito el 22 de agosto del mismo año. Desde entonces, la orden de captura sigue vigente.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso 724 | Noticias confirman que el despacho judicial ha requerido en al menos tres ocasiones a la Policía Metropolitana de Cartagena para que cumpla la orden. Sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado la detención, ni en el lugar de residencia de Pachón Rodríguez ni en las instalaciones donde trabaja para el Distrito.
“Le solicito haga todo lo necesario dentro de su competencia para proceder a materializar la presente orden”, se lee en una de las comunicaciones enviadas por el juzgado, donde se exige a las autoridades informar sobre los intentos realizados para ejecutar la captura.
El caso ha reavivado el debate sobre el manejo de la seguridad y la transparencia administrativa en Cartagena. Para muchos, la denuncia deja en evidencia una contradicción institucional: mientras se hace alarde mediático de capturas menores en operativos policiales, una persona requerida por la justicia sigue vinculada laboralmente a la Alcaldía sin que se cumpla la orden judicial en su contra.
De acuerdo con el denunciante, Pachón Rodríguez ha seguido participando en comités, reuniones y eventos oficiales de la Secretaría del Interior, lo que refuerza el señalamiento de que tanto el secretario Bruno Hernández como la Policía Metropolitana conocen plenamente su ubicación y condición jurídica.
Este hecho también podría abrir la puerta a investigaciones disciplinarias si se llegara a comprobar que hubo omisión en el cumplimiento de la orden judicial o falta de control en la contratación pública. La denuncia ya fue dirigida a la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional, entidades que deberán aclarar por qué, a pesar de los requerimientos, la orden de arresto sigue sin ejecutarse.
En resumen, mientras el secretario del Interior regañaba a un capturado frente a las cámaras, una denuncia ciudadana sostiene que en su propia oficina sigue trabajando una contratista requerida por la justicia desde agosto de 2024. El episodio no solo pone en entredicho la gestión de la Policía en Cartagena, sino que también deja serias dudas sobre la coherencia del discurso oficial y el verdadero compromiso con el Estado de derecho.
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- Implicaciones de un caso que compromete a la administración
La permanencia de una contratista con orden de arresto vigente por desacato a una tutela no es un simple descuido administrativo: se trata de un hecho con profundas implicaciones legales, disciplinarias, institucionales y políticas para la Alcaldía de Cartagena.
En primer lugar, ignorar una orden judicial constituye un desacato institucional y puede interpretarse como una violación directa al deber constitucional de acatar y hacer cumplir las decisiones de los jueces. Si las autoridades conocían la existencia de la orden y aun así permitieron que la contratista siguiera vinculada, podrían enfrentar investigaciones disciplinarias e incluso penales por omisión de funciones, encubrimiento o favorecimiento.
Además, el caso plantea un posible quebrantamiento de los principios de legalidad, transparencia y moralidad que rigen el servicio público, pues mantener en nómina a una persona requerida por la justicia contradice los estándares mínimos de ética y responsabilidad en la función estatal. Este hecho incluso podría derivar en la nulidad de los contratos firmados con la funcionaria o en sanciones para los responsables de su supervisión.
Por otra parte, el episodio golpea la credibilidad institucional y la confianza ciudadana. Permitir que una persona con orden de arresto siga asistiendo a reuniones oficiales y ejerciendo funciones públicas envía un mensaje peligroso: que las decisiones judiciales pueden ser ignoradas sin consecuencias si se cuenta con respaldo político o conexiones dentro de la administración.
Finalmente, si la Policía Metropolitana ha recibido solicitudes reiteradas para ejecutar la orden de arresto y no ha actuado, también podría configurarse una falla en el deber de colaboración con la justicia, lo que abriría otro frente de investigación por parte de los entes de control.
