Abelardo De La Espriella, abogado y precandidato presidencial de Colombia por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que se ordenara reducir su esquema de seguridad a pesar de las graves amenazas en su contra.
Según De La Espriella, la decisión del Ejecutivo representa un riesgo inminente para su vida, su integridad personal y la de su núcleo familiar, derechos que —según argumenta en la tutela— están siendo vulnerados por el Estado.
El precandidato asegura haber sido víctima de perfilamientos directos y sistemáticos, y afirma que la situación recuerda el caso del también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en junio pasado tras un atentado que se produjo luego de que se debilitara su protección oficial.
“He recibido información confiable sobre el precio que han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores: ocho millones de dólares por vernos muertos. No me van a intimidar. Esta semana, el narcotraficante Diosdado Cabello me señaló como enemigo junto con su cómplice Petro. Sí, los combatiré con las armas de la democracia”, declaró De La Espriella.
El 9 de junio de 2025, Gabriel Jaime Vallejo, director del partido Centro Democrático, informó a la Fiscalía General de la Nación que varios grupos criminales estarían ofreciendo millonarias sumas de dinero por asesinar a precandidatos presidenciales, entre ellos De La Espriella.
Por su parte, Carlos Caicedo, jefe de seguridad del aspirante, notificó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos crecientes y solicitó el refuerzo urgente del esquema de protección. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue reducir el personal asignado.
De La Espriella calificó la decisión como “irresponsable y arbitraria”, pues desconoce no solo el contexto actual de amenazas, sino también el precedente del magnicidio de Uribe Turbay.
“La vida y seguridad de mi familia están por encima de cualquier trámite burocrático. En un país donde ya se ha asesinado a un candidato presidencial tras retirarle la protección, el Estado tiene la obligación constitucional de protegernos”, afirmó.
En la acción legal, el precandidato pide al Consejo de Estado que:
- Se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal.
- Se ordene al presidente Gustavo Petro y/o a la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementar de inmediato un esquema de seguridad adecuado para él y su familia.
